El centro de menores Juan Pablo II cambia el modelo y tendrá unidades de convivencia

El modelo asistencial está cambiando en todo el ámbito de los servicios sociales. Los centros que atienden a menores, como la residencia juvenil Juan Pablo II de la Diputación de Segovia, son ahora instituciones abiertas y su configuración adquiere otra forma, pasa del modelo tradicional de habitaciones como el de los antiguos internados a unidades de convivencia en los que los menores de más edad, con la tutela de los profesionales, hacen una vida casi independiente. En la Residencia Juan Pablo II son atendidos cada año 40 menores, en las doce plazas concertadas del centro de día y en las 30 de la residencia de acogida. Hoy por hoy, dada la carencia de familias de acogida, en un centro absolutamente necesario para prestar servicios a los menores de edad, la mayoría procedentes de familias desestructuradas.

El centro situado en el número 2 de la carretera de Riaza (en término de La Lastrilla) dispone de un centro de día con capacidad para 40 menores), residencia para menores de 4 a 18 años, con 40 plazas concertadas con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, además de la Casa Cuna, con doce plazas para niños hasta 4 años, y el Centro de Acogida de Urgencia de menores. Son todos menores en riesgo de desprotección, en situación de desamparo o víctimas de abusos, y en algunos casos llegan a la Juan Pablo II por orden judicial.

Esta cifra de 40 niños y jóvenes adolescentes es la media anual y en realidad apenas varía de un año a otro. El nuevo modelo asistencial, centrado en la persona, trata de aumentar la calidad de la atención y en el caso de este centro supone su modernización con la adaptación de estas cinco unidades de convivencia, dedicadas al alojamiento de los jóvenes próximos a la mayoría de edad con el fin de prepararles para su vida independiente. La consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, visitó este viernes la residencia Juan Pablo II con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente.

La visita, institucional para tomar contacto tras las respectivas tomas de posesión, fue también una oportunidad para conocer la actividad del centro, en el que la Junta ha invertido este año un millón de euros y con esta inversión ha permitido contratar a cinco psicólogos y siete educadores para el programa de apoyo a las familias y a otros cuatro profesionales para la Unidad de Intervención Educativa, que atiende a los menores infractores.

«Desde el año 2016 el centro está en continuo proceso de reforma, vamos poco a poco, haciendo una reforma arquitectónica, ambiental y procedimental, variando el modelo de atención a los menores», comentó De Vicente. Su objetivo es concluir el proceso en este mandato para convertir «lo que era una residencia al uso con servicios comunes en unidades convivenciales por tramos de edad, que permiten organizar la atención a los menores para que ellos lo consideren realmente como su propio hogar».

Dos de las cinco unidades nuevas funcionan ya de forma plena. Son como pequeños apartamentos con dormitorio y salón de estar con cocina americana para dos personas, y los jóvenes que los ocupan, con edades y características parecidas, hacen allí su vida diaria, se organizan y toman sus decisiones bajo la atención de dos profesionales que trabajan por turnos, con el propósito de que encuentren un ambiente lo más parecido posible a un hogar. Las otras tres unidades de este tipo estarán funcionando antes de que acabe este año.

Con esta reordenación se trata de cambiar el anterior modelo de atención conductual por el modelo vinculante, y el compromiso de la Diputación, señaló De Vicente, está reflejado en el presupuesto de la corporación provincial, «y no vamos a escatimar un euro para que al final sea un centro abierto, pues no deja de ser un alojamiento para los menores con casuísticas problemáticas en sus entornos familiares pero donde hacen su vida diaria, y tenemos que hacer que pueden entrar y salir con absoluta libertad».

Este modelo cambiante de acogimiento residencial permite así atender con calidad las necesidades de los menores. La Consejería de Familia subvenciona la estancia de los menores en la Juan Pablo II, a la que destina 1,2 millones de euros, la mitad a través del concierto de plazas y el otro 50% mediante el acuerdo marco, como destacó la consejera, Isabel Blanco.

La atención a los menores tiene como premisa, destacó la consejera, que a estos «no les importa quién paga sino que estén atendidos, que sus necesidades estén satisfechas». Por eso, Blanco destacó el buen ejemplo de colaboración institucional que representa el centro Juan Pablo II, uno de los tres concertados en la provincia, con un total de 42 plazas de acogimiento residencial. En este régimen estuvieron el año pasado 26 menores en Segovia, y otros 83 tutelados por la Junta.

Sin embargo, el modelo que busca la normalidad en la vida de los menores requiere que haya familias de acogida para que el tiempo de permanencia en los centros residenciales sea el menor posible. Y existe un déficit real de estas familias voluntarias. De ahí que la consejera, que insistió en que para la Junta de Castilla y León «los menores son una preocupación especial», destacó que «lo ideal son las familias de acogida» y apeló a la generosidad de estas para mejorar la atención de los niños y adolescentes que lo necesitan.