El campo segoviano clama contra el recorte de la PAC por el desvío de fondos al rearme europeo

La reducción de 386.000 a 300.000 millones de euros en el presupuesto europeo de la PAC, sumada a la unificación de los fondos FEAGA (pagos directos) y FEADER (desarrollo rural) en un único fondo multisectorial, ha indignado a los productores segovianos, que ven peligrar la viabilidad de sus explotaciones y el futuro del medio rural. También contribuye a ello la percepción de que la agricultura profesional y el relevo generacional, pilares clave en la provincia de Segovia, están siendo sacrificados en favor de intereses geopolíticos.

«Es una vergüenza. No puede ser que se apoye a la agricultura y luego se recorte un 22% para el rearme. El rearme es el culpable de todo lo que nos está pasando», señala el presidente de Unión de Campesinos-UCCL de Segovia, César Acebes, que comparte la frustración generalizada. El agricultor advierte del impacto directo que el recorte tendrá en los profesionales segovianos, especialmente en el sector cerealista, muy castigado ya por los bajos precios. «La mayoría de las explotaciones reciben entre 30.000 y 50.000 euros en subvenciones. Si se reduce entre un 30% y un 50%, estamos hablando de muchísimo dinero. Y sin esas ayudas, nuestras explotaciones no son rentables porque los precios no nos permiten competir», explica. Además, critica la falta de apoyo efectivo de las instituciones, incluida la Junta de Castilla y León, que se ha pronunciado a favor de los agricultores de la región. «No deja de ser cómplice de lo que está pasando». Sobre posibles movilizaciones, el presidente provincial de UCCL asegura estar a la espera de ver cómo se concreta la propuesta, pero no descarta nada: «Veremos».

El coordinador de Asaja Segovia, Pablo Rincón, comparte la postura de rechazo frontal al tijeratazo presupuestario que se está fraguando en Europa. «Estamos en contra de un recorte de más del 20% de los fondos de la PAC. Es inadmisible que se reduzca el presupuesto para el nuevo periodo», afirma. Rincón pone el foco en la necesidad de priorizar a los agricultores profesionales, algo que no ve reflejado en los borradores del Ministerio de Agricultura. «Lo que queremos es que se legisle para hacer viables, desde un punto de vista económico, la agricultura y la ganadería españolas, y se escuche al sector». Entre otros aspectos, el representante de Asaja critica que los fondos destinados a la incorporación de jóvenes agricultores no se esté incrementando y que la normativa actual imponga «tantos requisitos» que acaben por disuadirlos. Igualmente cree Pablo Rincón que el recorte tiene que ver con el rearme. «No estamos en contra, pero no entendemos que el campo tenga que pagar un hecho ajeno a España como es la guerra de Ucrania», señala.

En las filas de UPA Segovia, Pedro Matarranz, coordinador provincial, califica la propuesta europea de «duro varapalo» para la agricultura y la ganadería segovianas. «La reducción de 80.000 millones de euros, un 24% del presupuesto de la PAC, y el desmantelamiento de los dos pilares que sustentan el sector es una aberración. El segundo pilar, que financia el desarrollo rural, es clave para mantener el medio. Con estos recortes, se producirá un daño enorme», señala. Para Matarranz, las ayudas asociadas a la agricultura y la ganadería profesional, así como los proyectos de investigación local, están en riesgo. «Hace un año, Europa parecía haber escuchado nuestras protestas, pero ahora vemos que es todo lo contrario: se lo quieren cargar», lamenta. En cuanto al relevo generacional, el representante de UPA alerta de un futuro «peligroso» si a los jóvenes agricultores les escatiman las ayudas. Matarranz promete una lucha firme: «No aceptamos esta propuesta y lucharemos para que cambie. Si no se modifica, habrá movilizaciones de alta intensidad en toda Europa». Y alude a la importancia del sector primario como «primer eslabón» de la cadena alimentaria, pues la disminución de fondos «afectará a los productores, pero también a la industria y a los propios consumidores, porque encarecerán los productos».

La propuesta de la Comisión Europea, aún en fase de negociación hasta finales de 2027, ha generado un frente común en Castilla y León. La consejera de Agricultura, María González Corral, ha rechazado de plano el recorte y la unificación de los fondos porque, con ello, la PAC pierde «autonomía y solidez». En una reciente reunión del Consejo Agrario, González Corral anunció la creción de un grupo de trabajo con las organizaciones agrarias para defender un presupuesto fuerte, el apoyo a la agricultura profesional y la incorporación de jóvenes. El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también ha expresado su rechazo al «rumbo» de la negociación: «Trabajaremos para garantizar una PAC justa que defienda las necesidades reales del campo».

El miércoles, el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, y el secretario del PP de Segovia y presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, anunciaron que los populares presentarán una moción en todos los ayuntamientos y en la propia institución provincial para defender los intereses de agricultores y ganaderos frente al nuevo marco financiero plurianual y la reforma de la PAC. El documento pide al Gobierno de España que adopte, en el seno del Consejo de la UE, una postura clara e inequívoca de apoyo al sector agrario y de rechazo a la pérdida de fondos destinados a la Política Agrícola Común. También le piden al Ejecutivo de Sánchez que rechace la nueva estructura de fondos europeos prevista en el marco financiero plurianual y, en consecuencia, que se mantengan los pilares FEAGA y FEADER, como garantía tanto de las rentas de los agricultores y ganaderos como del desarrollo rural de los municipios.

Sin embargo, las organizaciones agrarias no confían plenamente en las promesas políticas e institucionales. Acebes, de UCCL, duda de la efectividad de las manifestaciones de apoyo político: «El Partido Popular se manifiesta en contra, pero es agua de borrajas. Al final, se va a quedar como está». Matarranz (UPA) señala que tanto la Junta como algunos grupos políticos, como el PSOE, han mostrado apoyo, pero insiste que con la alimentación «no se puede jugar». Rincón (Asaja) aboga por una normativa más flexible y un aumento de fondos para los sectores en crisis, como el cerealista, y los jóvenes.

El sector agrario segoviano, que ya ha protagonizado movilizaciones recientes, se prepara para un nuevo capítulo de lucha. Las organizaciones advierten de que, si la propuesta no se modifica, las protestas podrían escalar. «Los fondos agrarios europeos deben crecer, no ir a menos. No se nos puede exigir más con menos presupuesto», concluye Matarranz. El impacto de la propuesta en Segovia, una provincia eminentemente rural, sería devastador. La unificación de los fondos FEAGA y FEADER en un único fondo multisectorial en el que cada Estado defiende sus prioridades, podría acentuar las desigualdades entre territorios y debilitar la competitividad de los agricultores segovianos, alertan los profesionales. Por otra parte, la introducción de ayudas decrecientes a partir de 20.000 euros y el establecimiento de un límite máximo por beneficiario chocan con el modelo de agricultura profesional que predomina en Castilla y León. La desaparición de un fondo específico para el desarrollo rural también pone en riesgo inversiones en regadíos, digitalización y relevo generacional, esenciales para combatir la despoblación.