El Ayuntamiento tendrá que asumir la inspección de la salubridad en las ferias

Visitantes recorren algunos puestos del recinto ferial de Segovia. /Antonio de Torre
Visitantes recorren algunos puestos del recinto ferial de Segovia. / Antonio de Torre

Una resolución del Procurador del Común da la razón a un particular que reclamó la atención deficiente recibida en un mesón ambulante

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

Aunque han transcurrido prácticamente dos años desde que empezara todo el tortuoso camino administrativo, Fernando Martín no puede disimular su satisfacción por el escrito del Procurador del Común. La figura del defensor del pueblo en la comunidad autónoma ha tardado en dictaminar su resolución, pero le da la razón a este vecino de Torre Val de San Pedro que se vio envuelto en el habitual cruce de responsabilidades entre administraciones. Se pasan la pelota unas a otras para la desesperación del consumidor. Sin embargo, desde el 27 de junio de 2017, fecha en la que ocurrieron los hechos que fueron objeto de la reclamación, este consumidor segoviano no ha cejado en su intento de reivindicar lo que considera que es justo.

A raíz de la demanda presentada ante el Procurador del Común, organismo que preside ahora Tomás Quintana, queda aclarado que las tareas de control sanitario de los puestos que se instalan en las ferias corresponde al Ayuntamiento. «Hasta ahora nunca se había hecho una inspección de sanidad o de salubridad» de estos negocios ambulantes, revela el demandante. Ahora, el Consistorio de la capital dispone de dos meses para responder al Procurador del Común y aclarar si está de acuerdo o no con la resolución, fechada el pasado 26 de febrero.

Desde un punto de vista meramente particular y ciudadano, el vecino de Torre Val de San Pedro ve «lógica» la decisión que ha adoptado la institución castellana y leonesa, cuyos dictámenes no son vinculantes. Sin embargo, esta resolución para que el Ayuntamiento de Segovia se haga cargo de revisar las condiciones de limpieza y salubridad de los productos que ofrecen los establecimientos feriantes representa un toque de atención y un tirón de orejas. En este sentido, el escrito del Procurador del Común también insta al Consistorio a que si no puede asumir esa responsabilidad, pida ayuda a la Junta de Castilla y León para cumplir con ella.

No sería el primero ni el último en hacerlo. Por ejemplo, cita Fernando Martín, los Ayuntamientos del Real Sitio de San Ildefonso y de Cuéllar, solicitan ese respaldo de la Administración regional.

El particular tránsito por el desierto de despachos que ha tenido que recorrer a lo largo de casi dos años culmina ahora. Todo empezó el 27 de junio de 2017. Nueve personas, entre ellas cuatro menores de edad, disfrutaban de las atracciones de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro en el recinto que reúne carruseles y negocios de hostelería. El grupo se sentó en una de las casetas para comer algo. Pidieron y lo que recibieron fue la comida «servida en unos platos sucios».

Sin hoja de reclamaciones

Pidieron que les cambiaran la vajilla porque «todo el mundo puede tener un error». Y así fue, pero de nuevo los platos no estaban lo suficientemente limpios como para garantizar la salubridad del menú. La queja fue a más. Según relata Martín, el encargado no atendió a las razones y los comensales solicitaron la hoja de reclamaciones. «No nos la dieron», prosigue el usuario.

Así que, llamó la atención de la Policía Local que patrullaba la zona. Los agentes no podían hacer nada al respecto, por lo que los afectados se fueron con la intención de poner la correspondiente reclamación en la Oficina del Consumidor. la primera sorpresa se la llevaron cuando al explicar lo que les había sucedido les comentan que no es competencia de esta entidad y que se tenían que dirigir a los servicios de la Junta de Castilla y León. Los técnicos de la Administración autonómica tampoco se hacían cargo del problema, no entraba dentro de sus atribuciones, continúa la narración del afectado. Probaron la vía del Ayuntamiento, del que depende al fin y al cabo la citada Oficina del Consumidor; pero la respuesta fue la misma: no son sus competencias.

Harto de que la pelota de la responsabilidad saltara de tejado en tejado sin bajarla al terreno de la concreción administrativa, el vecino de Torre Val de San Pedro decidió poner el caso en conocimiento del Procurador del Común.

La institución regional pidió informes jurídicos a las distintas administraciones implicadas y tras estudiar el caso concluye que la competencia de la inspección de las condiciones de sanidad y salubridad en los puestos de las ferias es municipal. Es decir, considera que hasta ahora el Ayuntamiento no ha aplicado las medidas suficientes para garantizar esos mínimos requisitos.