El Tribunal de Cuentas sugiere al Gobierno un proyecto y recursos para la Fábrica de Cristales
El informe de fiscalización aboga por «poner en valor el museo» y evitar el deterioro del inmueble, declarado BIC en 1997
el norte
Sábado, 6 de mayo 2017, 18:11
El Tribunal de Cuentas considera que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) debería abordar su intervención en la Fundación Centro Nacional del Vidrio, dotándola de los recursos necesarios y de un proyecto de gestión sostenible mediante la adecuada coordinación con el organismo Patrimonio Nacional, entre otras instituciones, de tal forma que se ponga en valor el museo que alberga y se evite el deterioro de su inmueble, la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Así lo ha planteado el tribunal en su informe de fiscalización de la gestión del patrimonio inmobiliario utilizado por las fundaciones del sector público estatal en la realización de su actividad correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, aprobado por el pleno de este órgano, informa Europa Press.
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El inmueble de la Real Fábrica de Cristales, construido en el siglo XVIII, está declarado como Bien de Interés Cultural desde 1997. Comprende una superficie de 28.123 metros cuadrados, de los que 6.087 fueron transferidos a la Comunidad de Castilla y León con destino a la instalación de un instituto de enseñanza media. El inmueble viene siendo utilizado mediante autorización de uso concedida a favor de la Fundación, el 20 de diciembre de 1984, por el entonces titular del edificio (el organismo Patrimonio Nacional). Tras un cambio de titularidad a la Administración General del Estado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte autorizó su uso a la Fundación en 2014 por cuatro años prorrogables a otros cuatro.
Condiciones
Según señala el documento, entre las condiciones acordadas, la Fundación se comprometía a realizar, a su cargo, las actividades de conservación y mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones y dotaciones del inmueble, siempre que no adquirieran la categoría de inversión. Por su parte, las inversiones que no supusieran la mera conservación de las infraestructuras, instalaciones y dotaciones del inmueble serían programadas por el MECD y podían hacerse con cargo a los presupuestos de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, del Ministerio, o de cualquier otra entidad u organismo que desease contribuir en su mejora o reposición.
Según estas condiciones, la Fundación debía presentar al Ministerio, antes del 28 de febrero de cada año, un plan estratégico que recogiera el conjunto de actuaciones que previera realizar en el inmueble durante ese año y el inmediato siguiente. El correspondiente al plan bienal 2014-2015 debía realizarlo durante los dos meses siguientes a la fecha de entrega del inmueble efectuada el 21 de agosto de 2014. «No se ha facilitado el citado plan estratégico, ni este Tribunal ha tenido constancia de que la FCNV haya cumplido con dicha obligación, que en el presente caso resulta relevante considerando que el inmueble precisaba de importantes reformas», recalca. Debido a su antigüedad y al estado que presentaba, según señala el Tribunal de Cuentas, el edificio ha necesitado numerosas obras de rehabilitación y adecuación, que han sido financiadas, en su mayor parte, por las entidades que componían el Patronato (MECD, Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y León y Dirección General del Patrimonio del Estado, principalmente). Las inversiones realizadas entre 1982 y 2008 ascendieron a 4,8 millones de euros.«No se ha cuantificado el importe total invertido hasta el momento actual, habiéndose comprobado en el curso de la fiscalización que en numerosas zonas del inmueble se continuaban ejecutando importantes obras de consolidación estructural», añade.
En contra de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, la Fundación «no tenía registrado en sus estados financieros importe alguno por el inmueble utilizado», señala el informe, que también advierte de que «tampoco disponía de una valoración de la cesión del derecho de uso, ni cuantificación de las obras de gran reparación necesarias para la utilización adecuada del edificio.
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Según información de la certificación catastral, el inmueble se encontraba valorado, a 31 de diciembre de 2015, en 6 millones, la construcción, y 1,1 millones, el suelo.
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