El Real Sitio sacará a subasta 28 de los caballos sin chip requisados en Valsaín

El alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, en su despacho. Tanarro/
El alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, en su despacho. Tanarro

Solo cuatro propietarios han reclamado la devolución de sus animales y los han retirado tras la firma del acta correspondiente al pago de costes

A. NUINsegovia

La subasta de 28 de 32 de los caballos que el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso requisó por pastar sin permiso e identificación por los montes de Valsaín se celebrará el martes, según anuncia el alcalde granjeño, José Luis Vázquez. Los quince días establecidos para que los propietarios pasaran a recogerlos, abonando, eso sí, la sanción correspondiente, las tasas y los costes de su mantenimiento, han expirado y tan solo cuatro de los caballos han sido reclamados y retirados, previa firma del acta con el compromiso de pago. El resto de los animales, entre los que hay yeguas preñadas, con cría, potros jóvenes y caballos adulto, siguen custodiados en instalaciones equinas y sometidos a control sanitario por parte de los servicios veterinarios. El dinero obtenido con la subasta, una vez descontados los costes que ha supuesto para el Ayuntamiento los cuidados veterinarios y el traslado a instalaciones adecuadas, se entregará a una ONG, todavía sin determinar.

En paralelo, José Luis Vázquez explica que se ha dado traslado a la plataforma Change.org y al impulsor de la campaña de firmas en estos momentos lleva 2.468 contra el Ayuntamiento de San Ildefonso asegurando que «va a llevar a cabo un sacrificio de caballos indiscriminados, de más de 50 animales, y cuyo único problema es que no tienen todavía identificación (microchips y anillas)» del acuerdo adoptado por la junta de gobierno de emprender acciones legales por presuntas injurias. La repercusión mediática que tuvo esta iniciativa obligó al alcalde a emitir un bando para garantizar que «no se está sacrificando ningún animal, jamás se hizo por este Ayuntamiento, se está cumpliendo la ordenanza municipal que nos obliga por ley a hacernos cargo de los animales mostrencos (sin identificar), que se encuentran en nuestro término municipal».

Un problema, explicaba Vázquez, «al que nos enfrentamos no solo el Ayuntamiento, en el escrupuloso cumplimiento de la ley y desde la mayor de las sensibilidades para con los animales y sus derechos, sino todos y cada uno de los vecinos y vecinas, es el sufrir las consecuencias de quienes incumplen con la obligación de tener a sus animales debidamente identificados, y por tanto de cuidarlos, alimentarlos, vigilarlos y de hacerse cargo de ellos cuando enfermen, mueran u ocasionen daños a terceros». El alcalde recalca que supone «un agravio para quienes sí cumplen con las normas establecidas y aceptadas de manera participada por los colectivos, que como consecuencia de esa insolidaridad de los incumplidores, entre otras consecuencias, llegan a sufrir la limitación y reducción en sus cabañas ganaderas por sobrepasar las fincas municipales el número de cabezas que pueden soportar».

Han sido los propios ganaderos de vacuno y equino, indicó, quienes reclamaron la adopción de esta medida de recogida, «no solo en la junta rectora», en la que participan junto al Ayuntamiento y el organismo de Parques Nacionales, «sino en diferentes asambleas, pues además del reseñado perjuicio sufren la presión de animales sin ningún control sanitario (otro dato muy importante), a veces hambrientos y en unas condiciones de salud deplorables».

Precisiones

A raíz del bando municipal, el impulsor de la campaña en Change.org, Javier Fernández, precisó que se habían recogido animales «tanto identificados como sin identificar, con reseñas y sin ellas, y haciendo caso omiso de los vecinos que reclamaban y se oponían a que sus caballos fueran cargados en dichos camiones. Por este motivo, en los días posteriores y ante la avalancha de reclamaciones y la presión popular han tenido que ir devolviendo muchos de los animales inicialmente recogidos y trasladados». Con su iniciativa, dijo, pretendía que «no sacrifiquen a ningún animal ni coaccionen a sus propietarios con sanciones y gastos desorbitados por las cuales, y ante el temor de una multa con claro carácter recaudatorio por parte del Ayuntamiento, haga que dichos animales no sean reclamados por un simple trámite burocrático».