Urbanismo suspende las inspecciones obligatorias de un centenar de edificios
El gobierno municipal está a la espera de que se apruebe una normativa autonómica
nacho sáez
Miércoles, 13 de agosto 2014, 12:55
El Ayuntamiento de Segovia estableció en 2012 la obligación para un centenar de inmuebles de someterse a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en un plazo de dos años. Cumplía de esta manera con lo que marcaba la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y un decreto posterior de 2004 dirigido a garantizar la conservación, salubridad, ornato público y habitabilidad de los inmuebles. Transcurrido el periodo fijado por la ordenanza municipal, la realidad muestra que se ha tenido que regresar a la casilla de salida.
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«El mantenimiento de las viviendas no se lleva con el rigor necesario»
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El Colegio de Arquitectos de Segovia ha revisado algo más de medio centenar de ITEs en virtud del convenio que firmó con el Ayuntamiento hace un año. Ambas instituciones acordaron que el Consistorio remitiría mensualmente al Colegio todas las inspecciones técnicas que se presentaran en el Registro Municipal. El Colegio, por su parte, revisaría el inmueble con su personal, sin coste para las arcas municipales ni para los propietarios de los edificios, con el fin de redactar un informe sobre el cumplimiento de los requisitos de la ordenanza municipal de las ITE.
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A juicio de los arquitectos, estas revisiones técnicas son importantes porque «el propietario conocerá el estado general de conservación de su edificio, con especial referencia a los elementos vinculados directamente a la estabilidad, consolidación estructural, estanqueidad y en general a la seguridad de la construcción y de las personas». Con ello, y una vez realizada la ITE, añade el presidente del Colegio de Arquitectos de Segovia, Juan Antonio Miranda, «se prolonga la vida útil del edificio, se evitan riesgos y daños físicos para las personas que ocupan los inmuebles que están en su entorno, se obtienen ventajas sociales, se revaloriza el patrimonio inmobiliario, se previenen intervenciones o rehabilitaciones más costosas, se da cumplimiento a la eficiencia energética y se reciben desgravaciones fiscales y ayudas directas. Por lo general, los informes ITE son útiles siempre y cuando no se limiten a ser un mero trámite, como ocurre en algunos casos, y profundicen en el análisis de las patologías del edificio, planteando posibles soluciones y aportando información sobre su conservación y mantenimiento».
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Las deficiencias más comunes que encuentran en la inspección de los edificios, aparte de las que tienen que ver con aspectos formales como la falta de acreditación del técnico redactor, del seguro de responsabilidad civil o de documentación gráfica a escala, son defectos en los revocos de las fachadas y humedades. «Pueden aparecer por capilaridad o por un descuidado mantenimiento de las cubiertas, y afectan en mayor o menor medida a la seguridad o a la salubridad», explican desde el Colegio de Arquitectos. «No existen por lo general problemas graves de estructura, pero se detecta una falta de rigor en el control del mantenimiento de las instalaciones; en muchos casos porque no son accesibles o fáciles de examinar. En resumen, se detecta que la calidad de las viviendas inspeccionadas es baja y que el mantenimiento no se lleva con el rigor necesario, provocando un envejecimiento prematuro de los edificios».
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La nueva ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, pendiente de aprobación en las Cortes de Castilla y León, ayudará, entre otros aspectos, a potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, eliminando las trabas actualmente existentes y creando mecanismos específicos que la hagan viable y posible.
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Los arquitectos segovianos indican que esta norma, que contiene la regulación básica del Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), que pretende asegurar la calidad y sostenibilidad del parque edificado, es complementaria a la anterior regulación sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE), y establece la obligatoriedad de realizar un único informe que incorpore, además de la ITE, dos nuevos aspectos de la edificación la accesibilidad física de los edificios y la certificación energética de edificios existentes. «Los informes serán más completos y esto supondrá un gran beneficio para los usuarios de los edificios», concluye Miranda.
Esa revisión obligatoria decretada para un conjunto de edificios de la capital ha quedado en suspenso hasta nuevo aviso. La razón esgrimida por el Ayuntamiento es que están a la espera de que la Junta de Castilla y León apruebe el proyecto de ley de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en materia de Urbanismo.
Esta normativa introducirá modificaciones en la manera de regular las ITEs, motivo al que se han agarrado el Gobierno municipal segoviano y sus técnicos para paralizar las inspecciones obligatorias que se estaban acometiendo. Han querido evitar que la nueva norma generara obligaciones añadidas a los propietarios de edificios que tuvieran que realizar la ITE en ese plazo de dos años marcado por el Ayuntamiento.
Una vez que las Cortes autonómicas aprueben el proyecto de ley que tienen sobre la mesa quizás a finales de año, el Ayuntamiento realizará las adaptaciones oportunas en su ordenanza para la aplicación de la ITE, en vigor desde 2011. «Así, intentamos no perjudicar a nadie», explica el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera. Esos edificios de la ciudad obligados desde 2012 a pasar la ITE tienen las manos libres desde que el mandato municipal quedó en suspenso hace «cuatro o cinco meses» el edil de Urbanismo no precisa de manera exacta la fecha en la que se suspendió la citada obligación.
Ya no viven bajo la espada de Damócles a la que estaban sometidos desde que hace dos años fueron seleccionados entre los 2.800 inmuebles de la ciudad que componían el primer Padrón de Edificios sujetos a la ITE. Este censo, que dejó al margen en un principio a los barrios incorporados, englobaba a todos los inmuebles de Segovia que superaran los 40 años de antigüedad.
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Reveló que de las 25.000 viviendas que hay en la capital, cerca de 7.000 se construyeron antes de 1972 y por ello se tenían que someter a la inspección obligatoria. También ayudó a aclarar el panorama, ya que hasta entonces se pensaba que el padrón de los que estaban sujetos a la ITE lo componían 3.500 edificios y 13.000 viviendas, y no 2.800 edificios y 7.000 viviendas como ha puesto de manifiesto el censo elaborado por el Ayuntamiento.
Los inmuebles que estaban obligados a someterse a un chequeo en un plazo de dos años fueron elegidos al azar en su momento. El listado no se hizo público para evitar, según subrayaban desde Urbanismo, que los propietarios se vieran presionados por arquitectos y constructores, que iban a ser los responsables de señalar los defectos del edificio, en primer lugar, de subsanarlos, y por último, de otorgar el certificado que confirmaba que ese inmueble había superado la ITE.
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A pesar de que no se ha podido culminar, el concejal de Urbanismo considera que ha sido «positivo» el proceso que se puso en marcha hace dos años. «Ha generado interés entre los propietarios de edificios antiguos. Se han interesado en conocer cómo se encontraban estructuralmente esos inmuebles y en los trabajos que había que realizar para solucionar los problemas que pudieran existir», comenta Reguera. «Es algo que le viene bien a la ciudad y a los propios propietarios, ya que las ITEs ayudan a detectar deficiencias que transcurrido un tiempo se pueden agravar y aumentar sustancialmente el coste de su reparación».
El Ayuntamiento ha recibido unas 150 ITEs y actualmente hay más en marcha. El propio pleno del Ayuntamiento aprobó en el pleno de este pasado mes de julio conceder una subvención a la comunidad de propietarios de la calle La Dehesa 3-5-7 para acometer diferentes trabajos. Una revisión detectó que existían deficiencias en el tejado y también que las bajantes de aguano estaban conectadas a la red. Esta última circunstancia «provocaba filtraciones en los bajos y en los primeros y la aparición de humedades», apunta el edil de Urbanismo, quien añade que los propietarios de este inmueble recibirán en septiembre la aportación aprobada por el pleno municipal.
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Mientras, el Ayuntamiento de la capital espera la aprobación de la nueva normativa autonómica para reorganizar una cuestión que afecta al esqueleto de la ciudad y que mantiene en vilo a los vecinos afectados, puesto que las ITEs cumplen una función primordial para garantizar la seguridad y la estabilidad de los edificios pero pueden también suponer un desembolso económico importante para los propietarios de los inmuebles.
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