La Junta pide la implicación provincial y local para mantener los bonos a Madrid
El Ejecutivo regional apela a la colaboración de la Diputación y ayuntamientos y confía en que se resuelva «pronto» el servicio, que se está revisando con el Consorcio de Transportes de la Comunidad vecina
el norte
Martes, 22 de julio 2014, 14:19
La Junta de Castilla y León ha pedido este martes la colaboración y cooperación de las instituciones provinciales y locales de Ávila y Segovia para alcanzar una solución sobre los bonos de transporte compartidos con la Comunidad de Madrid para facilitar los desplazamientos de los viajeros. Además, su voluntad es la de mantener el servicio, pero con la implicación de las diputaciones y los ayuntamientos, y añadió que será «generosa».
Así lo ha asegurado el director general de Transportes, José Antonio Cabrejas, minutos antes de presidir una reunión del Consejo autonómico del ramo, que ha revisado el anteproyecto de Ley de Ordenación de los Transportes de Castilla y León.
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Ha sostenido que estos abonos, que utilizan unos mil viajeros en Segovia y otros docientos en Ávila, tienen un interés autonómico, pero también provincial y local, por lo que el resto de administraciones deben implicarse para que se logre una solución.
En ese sentido, Cabrejas ha insistido en que nunca se han roto las conversaciones con el Consorcio madrileño de transportes. El director ha explicado que se está trabajando para mejorar su funcionamiento porque el abono C2 que se ideó para los estudiantes se está intercambiando con un «truque».
Prioridades regionales
Ha apostillado que se adaptará el abono a la «realidad» mediante otro convenio, puesto que en 2011 caducó el anterior que mantenían suscrito Castilla y León y Madrid.
Asimismo, ha indicado que el nuevo acuerdo debe ser rubricado por las dos autonomías y refrendado por el Congreso de los Diputados, al afectar a las competencias de dos comunidades. También ha precisado que estos bonos permitían realizar desplazamientos fuera de Castilla y León y aseguró que la Junta tiene que «priorizar» sus competencias propias en un momento de escasez de recursos públicos, según informa Ical.
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