Adavas atendió a 29 menores de edad víctimas de agresión sexual y a una por violencia de género en Salamanca

Solo un 39 por ciento de denuncias entre las mujeres que sufren maltrato

Respecto a las denuncias, Adavas constata que, al igual que en años anteriores, se observa que las víctimas de delitos contra la libertad sexual denuncian en mayor medida (un 81%, produciéndose solo un descenso de un 5% respecto del año anterior), pero en el caso de víctimas de violencia de género destaca el dato que solo el 39% denuncia, habiéndose producido un descenso en la interposición de la denuncia en estos supuestos del 25% respecto del año 2019, comprobándose que en los meses de confinamiento por la pandemia es cuando más ha descendido dicha cifra, considerando como altamente probable que la causa sea por estar conviviendo con el maltratador y por encontrarse en una situación de mayor indefensión y vulnerabilidad a la hora de encontrar una solución adecuada a la situación padecida.

Otro datos que destacan desde la asociación es que poco más de la mitad (el 53%) de las personas que interponen denuncia por delito contra su libertad sexual han contado con protección cautelar, lo que supone un 33% de descenso respecto del año anterior y en el caso de la violencia de género solo la mitad (50%) de las denunciantes han contado con orden de

protección o medida cautelar de protección, lo que significa un

descenso del 25% respecto del 2019, «lo que nos resulta altamente preocupante», afirman desde la asociación.

De esta manera, desde Adavas aseguran que se rompen con la falsa creencia de que toda víctima de violencia machista que interpone denuncia se le dota, de manera inmediata, de protección judicial, y «observamos una tendencia, cada vez más pronunciada en los últimos años, de no concesión de tales medidas cautelares de protección, lo que redunda en la falta de confianza de las víctimas en la administración de justicia».

La memoria de actividad de Adavas también señala , respecto a las sentencias condenatorias (de los procedimientos ya finalizados), que en un 87% de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual la sentencia es condenatoria y en un 90% de los delitos de violencia de género.

En tal sentido, «debemos significar que el hecho de que una víctima cuente con acusación particular en el procedimiento judicial ( esto es que tenga letrada/o designada/o por ella de manera particular) suele desprender un mejor resultado».

Por otra parte, constatan que en el 24% de los delitos sexuales el procedimiento se archiva y en el 12% de los procedimientos por violencia de género se produce el archivo, manteniéndose los porcentajes de archivo de años anteriores. Las causas de tales archivos son por falta de suficiente prueba o porque se retira la denuncia.

Ante esta realidad, Adavas se refiera a una serie de consideraciones jurídicas como que en el caso de delitos contra la libertad e indemnidad sexual a los que se ha prestado asistencia jurídica en el año 2020, el agresor es familiar, conocido o del entorno del a víctima.

Además, en la mayoría de las ocasiones no se valoran de manera adecuada si las lesiones sufridas por la denunciante son de ataque o de defensa, lo que supone, en muchos casos, que la víctima que es denunciante se convierte también en denunciada en el procedimiento y resulta condenada también.

También afirman en su conclusiones que un maltratador difícilmente puede ser un buen padre y así en muchos supuestos de violencia de género se comprueba como los/las menores son utilizados/as por estos para seguir controlando y maltratando a la víctima.

Asimismo, se cercenan el derecho a la tutela judicial efectiva con la denegación de pruebas que suelen ser fundamentales como por ejemplo la valoración psicológica de la víctima por el/la Psicólogo/a forense del juzgado.