Archivada la investigación contra tres guardias civiles por una presunta estafa en Palencia

El Juzgado de Carrión de los Condes ha dictado un auto por el que decreta el sobreseimiento provisional por un delito leve de estafa contra tres oficiales de la Guardia Civil, dos de ellos de Palencia, J. L. M. y J. A. G., y otro, F. J. S. V., adscrito a la Comandancia de Valladolid, a los que el Tribunal Militar Territorial Cuarto, con sede en La Coruña, procesó el pasado año por presuntos delitos contra la Hacienda militar y deslealtad.

El sumario se derivó a la jurisdicción ordinaria en aplicación de los nuevos tipos penales respecto a las conductas de la Benemérita, tras la reforma del Código de Justicia Militar.

El archivo de la causa por parte de la jueza de Carrión se ha efectuado después de que la titular tomase declaración a un teniente y dos capitanes, además de al dueño de una empresa de mudanzas de Palencia (que defiende el letrado Ignacio Brágimo), al que también se imputaba por ponerse de acuerdo con el teniente para cobrar una indemnización (3.130 euros) por el traslado del mobiliario de Grijota a Herrera, donde se le había asignado una vivienda, y de los tres miembros de la unidad familiar. La investigación que durante cerca de dos años llevó a cabo el Juzgado Togado Militar 42 de Valladolid estableció además el procesamiento del teniente F. J. S. por utilizar casi a diario el vehículo oficial para desplazarse desde su destino hasta su residencia familiar, hecho que fue denunciado por el delegado de la Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles (UGC).

Tras examinar los autos la jueza Carrión determina que los hechos «son muy simples desde el punto de vista de la jurisdicción que representa quien suscribe». La titular jueza concluye que los 1.856 euros de la mudanza se pagaron en metálico por el teniente al empresario palentino, que emitió la correspondiente factura. La Dirección General de la Guardia Civil, que eligió ese presupuesto, le abonó luego el importe, por lo que «no obtuvo ningún beneficio económico», según la jueza, que incide que la actuación del empresario «fue absolutamente transparente».

Respecto a los capitanes, la jueza rechaza el delito de deslealtad por el que fueron acusados por la jueza Togado Militar 42 y el fiscal de La Coruña, asegurando que realizaron las comprobaciones respecto a que el cambio de residencia del teniente de Tráfico se hizo, así como el traslado del mobiliario.

Durante la instrucción, varios agentes declararon que el teniente no residía a diario en la vivienda asignada, y que, según la normativa, le obligaba en función de su destino en el Destacamento de Tráfico de Herrera. «Cuestión distinta es que ese traslado al final no fuera definitivo, habiendo manifestado el investigado que su idea era trasladarse toda la familia, pero por las condiciones del pabellón (...) decidió que su mujer e hijos siguieran viviendo en Grijota».