La empresa de ayuda a domicilio en la provincia renuncia al servicio

El contrato de servicios más importante que gestiona la Diputación, la ayuda a domicilio en la provincia, que supone una cuantía de 4.542.720 euros y que atendió entre 1.300 y 1.400 personas en 2015 durante 281.802 horas, se ha quedado sin empresa adjudicataria. La actual concesionaria ha renunciado a las prórrogas a las que tenía derecho porque «ha perdido el equilibrio económico». No obstante, desde el 1 de enero, la misma empresa mantiene el servicio por un aplazamiento de cuatro meses acordado con el equipo de gobierno.

Esta renuncia ha obligado a iniciar el procedimiento para la nueva contratación. El Pleno de la Diputación aprobó ayer esta incoación con el voto del PP, la abstención del PSOE y de Ciudadanos y la oposición de Ganemos.

Juan Cruz Vidal, de Ciudadanos, aseguró no entender que una competencia transferida de la Junta de Castilla y León sea a su vez encargada a una empresa privada, lo que considera una «mala práctica» y una «duplicidad innecesaria» que implica unos «gastos burocráticos excesivos». El diputado se mostró cauto y justificó su abstención «a la espera de las bases del pliego de condiciones».

Félix Iglesias, de Ganemos, se mostró abiertamente en contra de la externalización del servicio, y reclamó que se elabore un estudio para determinar su coste efectivo. Iglesias rechazó el informe que avala la incoación del procedimiento, firmado por el jefe de Servicios Sociales y que en nueve líneas argumenta que la Diputación carece de medios humanos y recursos suficientes para asumir la gestión de forma directa.

El portavoz del PSOE, Miguel Ángel Blanco, reconoció la oportunidad de abrir un expediente para contratar de nuevo el servicio de ayuda a domicilio, pero también rechazó el informe técnico que lo avala porque no ofrece cifras y argumentos técnicos. No obstante, el diputado socialista planteó algunas dudas que trasladará al debate en la comisión de Servicios Sociales cuando se presente el nuevo pliego de condiciones.

Blanco planteó un incremento salarial de las trabajadoras de ayuda a domicilio, ya que cobran 5,20 euros netos a la hora. También exigió que los actuales empleados se mantengan con la próxima empresa adjudicataria. También aboga por no prolongar muchos años el contrato habló de seis como tope y de zonificarlo, con el fin de que puedan presentarse al concurso empresas de Palencia.

La diputada de Servicios Sociales, María José de la Fuente, del Partido Popular, explicó que el acuerdo del pleno supone solo el inicio del procedimiento de adjudicación, e invitó a los grupos políticos a presentar propuestas cuando se elabore el pliego de condiciones. Anunció que en el pliego habrá nuevas prestaciones posibles en el marco de la Ley de Dependencia, y recordó que el contrato vigente ya plantea mejoras en las ayudas técnicas y una bolsa de horas.

De la Fuente explicó que «la pérdida del equilibrio económico» de la empresa que renuncia al servicio se debe a un incremento salarial aprobado del 3% y a un reducido incremento del Índice de Precios al Consumo. La responsable del área de Servicios Sociales anunció también que su deseo es que «el pliego de condiciones sea conocido, trabajado y si es posible consensuado por todos los grupos». En esta idea incidió la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, que invitó a los partidos políticos a participar en la redacción del pliego de condiciones y agradeció las aportaciones que realizaron en el debate del pleno.