Seis años difíciles

En 2014 ya no existía el pacto de silencio fundacional sobre las andanzas de don Juan Carlos, quien estuvo a salvo del escrutinio mediático durante los primeros lustros de su reinado. Los escándalos paternos eran ya inocultables, y en enero de aquel año el juez Castro había decidido ya imputar a la infanta Cristina, esposa de Iñaki Urdangarin, por blanqueo y delito fiscal. La llegada de don Felipe había de ser, pues, terapéutica, y en efecto sus primeras decisiones estuvieron encaminadas a establecer la máxima transparencia, tanto en la administración del presupuesto regio, que recibe en la Constitución un tratamiento especial, como en los demás extremos del reinado.

Él redujo la dimensión de la Familia Real y cuando el llamado 'caso Nóos' tomó verdadero cuerpo retiró el ducado de Palma a la infanta Cristina como años después, al suscitarse el caso de las comisiones de Arabia Saudí, retiró la asignación pública a don Juan Carlos y, ante notario, renunció simbólicamente a la herencia que pudiera corresponderle. El daño estaba hecho pero don Felipe consiguió revertir la situación, como acreditan hoy las encuestas.

En lo político, don Felipe ha tenido que lidiar con el periodo más inestable de la vida parlamentaria, con elecciones generales en 2015, 2016, abril de 2019 y noviembre de 2019. Ha gestionado una moción de censura exitosa y tomó claramente partido en favor de la unidad e integridad del Estado tras la intentona del 1-O, algo que no le perdonará el soberanismo (que por otra parte sabe que la figura simbólica del Rey es un obstáculo objetivo para sus designios).

Con tesón y dedicación, el Rey y la Reina -un pilar decisivo en la modernización de la Corona- están devolviendo a la institución ese brillo a caballo de lo mistérico y de lo simbólico que funciona como un útil engrudo que extiende y afirma los valores constitucionales. Es cierto que el episodio de don Juan Carlos no ha concluido; que el alcance de la inviolabilidad del Rey en ejercicio requerirá seguramente la opinión del Constitucional, pero no tendría sentido que dilapidáramos un activo como la Corona para resolver un contencioso antiguo.

Este país tiene problemas estructurales que debe resolver, sin añadirles otros más esteticistas que reales. Después de todo, estamos en presencia de lo que Duverger llamó una monarquía republicana, y uno no acaba de ver, por mucho que medite, quién en este país podría ser un excelso presidente de la República. Con el nivel de Manuel Azaña, por ejemplo.