Reforma

Abramos los brazos a la ley 8/2021 y esperemos que su aplicación sea rápida y que dé de sí todo lo que el legislador pretende, que no es más que adecuarse a lo dispuesto en la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, establecida allá por el año 2006 en la ciudad de Nueva York. Aceptemos con resignación, no obstante, que las cosas en palacio van despacio, pero confiemos en un instrumento que puede ser tan importante en defensa de los derechos de los locos como lo fue en su día el derribo de las tapias de los manicomios.

No sabemos cuánto tiempo tardará la mentalidad social en adaptarse a estos impulsos, ni la disposición y agilidad del personal al servicio de la Administración de Justicia para gestionar la ley, ni el tacto de las Fundaciones Tutelares para reciclarse y pasar de ser tutores a simples curadores, con muchas menos competencias y más liviana potestad. Mucho menos sabemos, o así me lo parece porque lo conozco mejor, cuánto tiempo tardará el sistema sanitario en cambiar sus hábitos y adecuar sus prácticas y hasta su epistemología a este proyecto. No será fácil que la psiquiatría, con su nivel actual de conocimientos, su ideología conservadora y sus inclinaciones autoritarias, asimile que «las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado».

Y ya estoy escuchando interiormente los argumentos y contraargumentos que será fácil oír cuando los profesionales se enteren de que deben atender en todo caso –salvo lógicas excepciones– «la voluntad, deseos y preferencias» del discapacitado. O la sorpresa e incomodidad que pueden sufrir los trabajadores cuando la Persona de Apoyo que el loco haya nombrado mediante escritura pública ante notario, se presente en el hospital donde ha sido ingresado a exigir que se respeten sus decisiones.

Bienvenida sea la ley que viene a defender el derecho de los locos a estarlo y a facilitarles el apoyo para su defensa si les fuera necesario.