Contra proxenetas y clientes

El PSOE ha propuesto al Congreso una norma que trataría de acabar con la prostitución agravando penas y sanciones contra los proxenetas y los clientes que recurran a los servicios sexuales ofertados. La iniciativa surge desnortada por su excesiva carga partidaria frente a las derivas libertarias de sus socios de Unidas Podemos. La prostitución revela conductas tan abyectas y primarias respecto a la dignidad humana que es inevitable que la legislación posible para erradicarla suscite controversia.

La trata de mujeres y de menores sometidas a esclavitud sexual de por vida, la explotación de atributos tan íntimos a cambio de una remota esperanza de que acabe y la sujeción de tantas víctimas a una forma de vida basada en un intercambio por servicios que las cosifica describen una realidad en las antípodas del libre albedrío. Con ello se desarrolla la más infame de las industrias, como es el proxenetismo organizado en redes criminales que, además, recurren a la drogodependencia para asegurar su oferta de voluntades anuladas.

Frente a lo peor de lo peor es absurdo que pretenda legislarse a partir de la excepción: que se intente dejar a salvo la opción personal y libre de que mujeres y hombres perciban ingresos requeridos a cambio de servicios de acompañamiento. La excepción no puede ser fuente de ley cuando el problema resulta tan abrumador en su extrema injusticia. Pero aún es más injustificable que partidos coaligados en un Gobierno de progreso deriven sus disputas hacia un ámbito tan sangrante de la desigualdad, pretendiendo dibujar líneas de división ideológicas a cuenta de miles y miles de quebrantos personales y de un cautiverio vital tan atroz, ante la utilización de congéneres como meras receptarias de pulsiones sexuales a ocultar a cambio de una tarifa indescifrable.

El desafío de la prostitución obliga a las formaciones a izquierda y derecha del Gobierno a definirse sin evasivas. Se invocan políticas de Estado frente a retos que se da por supuesto que son de país. Pero España en su conjunto debe confrontarse con la prostitución implicando a todas las administraciones públicas en un esfuerzo colectivo por erradicarla. Porque considerarla un asunto residual revela la hondura y la magnitud del problema. Se trata de concertar un marco de reformas penales y de medidas administrativas de las que ningún partido representativo se desentienda con tal de acabar con lo peor.

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