Pacto PP-Vox, un gobierno azul turquesa

Las elecciones del 13 de febrero arrojaron unos resultados complicados que, desde una perspectiva, le han otorgado al PP más autoridad que en 2019 para condicionar y dirigir los pactos –su victoria en las urnas–, pero que desde otra han debilitado sus opciones. Ganar o perder, si no que se lo digan a Tudanca, no es más que un entremés de lo que de verdad importa: la formación o no de un gobierno producto de una suma suficiente de procuradores en Las Cortes. Así, el PP ha pasado de ser en 2019 uno de los novios que pudo escoger Ciudadanos –en una alianza fácilmente digerible, como hemos comprobado, porque los naranjas podían elegir entre PSOE y PP– a convertirse en una joven rodeada de pretendientes. Solo que uno es cojo, otro feo y otro tuerto... Toda la responsabilidad recae ahora en su decisión. Y esta oscila entre una arriesgadísima repetición de elecciones, descartada ya por Mañueco; un improbable, incoherente e inhabilitante cordón sanitario a Vox armado con la envenenada abstención del PSOE; o un obligado acuerdo con Vox, veremos con qué intensidad. Vox ya ha anticipado que descarta la abstención y, por tanto, aguardará con paciencia a ser seducido por el equipo de negociación del presidente en funciones. Ambas formaciones políticas deberían ser responsables y acelerar el trámite, en favor de la buena administración de los intereses generales de la comunidad. Pero parece que no, que se lo tomarán con calma. Unos porque conservan la esperanza de que Vox les ceda gratis 13 escaños. O quizás porque prefieren conocer con nitidez cuál va a ser la orientación que defienda la nueva dirección nacional del PP, cosa que no se sabrá hasta dentro de mes y medio. Y otros porque no tienen prisa por bajar de las musas al teatro.

Sin embargo sospecho que, junto a lo anterior, en Vox también mastican sus propias inquietudes. Con las decisiones que tomen estas semanas en Valladolid se juegan una parte de las autonómicas de Andalucía de este año. Recordemos: entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019, Vox pasó de reunir 400.000 votos y un 10% de sufragios en los comicios regionales andaluces a casi 870.000 y el 20%, en el mismo territorio con motivo de las generales que mantuvieron a Pedro Sánchez en Moncloa apenas once meses después. Cuidado que aquí, en Castilla y León, los apoyos a la fuerza de extrema derecha aquel 10N fueron del 17%, muy semejantes a los que han logrado el pasado 13 de febrero. Si en Andalucía se repitiera el patrón, sin duda tendremos a sus representantes como socios del Ejecutivo de San Telmo. Y en segundo lugar, en Vox se juegan las municipales del 2023, que son, por así decirlo, las elecciones con las que mejor se identifican ideológicamente. Ante ese horizonte, y respecto de si al PP le conviene o no compartir gabinete con Vox, parece que es un dilema superado. No les queda otra que entenderse. El electorado ha sido el que ha cruzado ya esa raya, le pese a quien le pese. Porque, como esbozaba unas líneas antes, un cordón sanitario en Castilla y León dejaría al PP inhabilitado para sacar adelante futuros pactos en otras instituciones. Como aquí Mañueco cierre la puerta a Vox, se repitan elecciones o no, el que no se levanta del retrete en una semana es Moreno Bonilla...

Los dirigentes de Vox se juegan ante su electorado y afiliados la credibilidad de un proyecto que, como todos, aspira a cambiar cosas. Si, según proponen, acaban entrando en la Junta de Castilla y León, es decisivo acertar no tanto con el número de cargos o sus denominaciones como con sus competencias y capacidades presupuestarias reales, aspectos que son los que de verdad concretan los cauces de poder dentro de la burocracia administrativa que ellos pretenden reducir. Deben, pues, hacer un curso acelerado para que no acaben pidiendo la vicepresidencia de los marrones ni se queden conformes con la consejería de tráfico marítimo...