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Es conveniente simplificar en todo lo posible la carga regulatoria para las empresas y que España funcione como un mercado único evitando que las legislaciones autonómicas sean barreras proteccionistasLa realidad existente en nuestra región puede caracterizarse por el hundimiento generalizado de su economía desde la aparición de la pandemia de la covid-19, aunque debemos señalar que ya presentaba unos síntomas de desaceleración continuada durante todo el año 2019 y el primer trimestre de 2020.
El Observatorio Económico del segundo trimestre de este año, que ha sido presentado recientemente por el Colegio de Economistas de Valladolid, pone en evidencia que la previsión económica no es nada halagüeña, puesto que para este año el PIB podría caer hasta un 18%, la deuda pública rozará el 26% o 28% y el déficit público podría alcanzar hasta el 3,3%. No obstante, debemos afrontar el futuro con optimismo, porque una vez controlada la pandemia se volvería a la senda del crecimiento económico, pero será necesario llegar al año 2023 para encontrarnos en los niveles previos a la crisis.
En mi opinión, existe una realidad que no ayuda a mejorar la situación actual de manera ágil y coordinada, porque Castilla y León tiene un alto porcentaje de PyMes y Micro PyMes con poca, e incluso nula, capacidad de reacción, por lo que existe un impacto más fuerte de los posibles rebrotes del coronavirus en sus sistemas de producción y distribución. A todo ello hay que sumar las empresas que aún mantienen vigente un ERTE, donde el 67% de este colectivo opinan que tendrán una tendencia a disminuir en materia de empleo durante el año 2021.
Es de suma importancia destacar que estos datos no solo vienen motivados por las medidas de confinamiento y limitación de la movilidad, sino también al impacto de una serie de factores estructurales que pueden agravarse si continúan los rebrotes. Entre ellos debemos destacar la posición del mercado laboral, donde se han puesto sobre la mesa las debilidades ya existentes, como son la temporalidad, la rotación, el bajo nivel formativo y la ausencia de políticas eficaces de recolocación y recualificación. Es decir, la productividad del trabajo realizado y la de por hora efectivamente trabajada se encuentra estancada, al igual que ocurre en el resto de España.
Junto con el mercado laboral hay que prestar atención a la baja digitalización de los ciudadanos, las empresas y, sobre todo, la Administración Pública, que está presentando dificultades para llevar a cabo el teletrabajo, aunque bien es cierto que el consenso de los agentes implicados ha permitido sacar adelante una normativa a este respecto que solo el tiempo decidirá si ha sido acertada o se deben matizar detalles.
Por todo ello, creo que es conveniente realizar una serie de reformas estructurales a nivel nacional que, desde luego, incidan directamente en nuestra Comunidad. Se deben reforzar los ingresos del Estado y las Comunidades Autónomas revisando los impuestos actuales; maximizar el empleo junto con el crecimiento económico, siendo necesario el impulso de la demanda junto con un sistema productivo ágil y flexible, así como simplificar en todo lo posible la carga regulatoria para las empresas y que España funcione como un mercado único evitando que las legislaciones autonómicas sean barreras proteccionistas. A nivel educativo conviene afrontar una reforma en pro de garantizar la empleabilidad de las generaciones actuales y futuras, tanto a nivel de competencias, conocimientos y habilidades. Por ello, considero que hacer una Universidad dual y competitiva, tanto en alumnos como en profesores, es fundamental.
Para que toda esta maquinaria funcione, es imprescindible la coordinación de los Gobiernos nacionales y autónomos, prestando una gestión eficiente y eficaz que otorgue confianza a todos, en primer lugar a nuestros socios europeos, puesto que va a ser vital su generosidad en el marco de las políticas de recuperación; a los empresarios para que mantengan sus empresas y vuelvan a invertir; a los ahorradores extranjeros a quienes se les pide que compren deuda pública o inviertan en nuestro país; a las empresas multinacionales que crean empleo y traen tecnología a España y, por supuesto, a los consumidores, que son el motor esencial para reactivar la demanda.
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