Page alerta contra un sistema de financiación en el que «las comunidades repartan y el Estado mendigue»

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero -que hoy delegó en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la firma del acuerdo bilateral-, aseguró el pasado viernes que el Gobierno no promoverá en ningún caso una política «que suponga un agravio territorial» y el Ejecutivo insiste en que lo que se acuerde será, en todo caso extensible al conjunto de las comunidades autónomas. Pero lo que se plantea es, en principio, un cambio radical del modelo vigente. Lo que pactó ERC, y está por ver cómo se concreta, fue una suerte de concierto fiscal por el que la Generalitat pasaría, gradualmente, a recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos soportados en su territorio.

García-Page, junto al asturiano Adrián Barbón, el único presidente socialista de una comunidad del régimen común (al margen de Illa) ha advertido de que ahora hay mucha afición a «utilizar palabras ambiguas» para tratar de suavizar las cosas y «engañar con los términos». «Pero que no nos tomen por tontos, que sabemos perfectamente de qué va este debate actual de la financiación», ha advertido.

Para explicarse, el barón crítico con Sánchez y lo que considera concesiones al independentismo, ha recurrido a una comparación hipotética con lo que habría ocurrido si, en lugar de ser Cataluña quien hubiera planteado un cambio del sistema de esta naturaleza, lo hubiera hecho la Comunidad de Madrid. «Los mismos que lo firman estarían diciendo que es una barbaridad y que rompe la igualdad de oportunidades», ha afirmado.