El novio de Ayuso trata 'in extremis' de esquivar el banquillo con otro informe negando el doble fraude
González Amador alega que se han ignorado facturas de servicios realizados en México y Costa de Marfil que desmontarían las acusaciones
El novio de Isabel Díaz Ayuso se niega a tirar la toalla y sigue intentando evitar 'in extremis' sentarse en el banquillo. El empresario Alberto ... González Amador ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto dictado el pasado 28 de mayo por la ya exjueza Inmaculada Iglesias -cuyo juzgado ha asumido el juez Antonio Viejo- en el que la exmagistrada se reafirmó en los «claros indicios» para juzgarle por dos delitos de fraude fiscal por valor de 350.951 euros, además de por otro ilícito de falsedad documental.
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La pareja de la presidenta madrileña quiere esquivar el juicio con ese recurso de apelación contra esta decisión de la jueza de Plaza de Castilla; con otro recurso contra la denegación de diligencias por parte de Iglesias; y, con una petición novedosa: que se acepte un nuevo informe pericial que, según sostiene, echaría por tierra las acusaciones de la Fiscalía de que cometió dos fraudes fiscales en los ejercicios 2020 y 2021 usando para ello facturas falsas de proveedores (de ahí la falsedad documental).
Para González Amador es imprescindible que antes de abrir juicio se cite a dos testigos, quienes -arguye- confirmarían la supuesta veracidad de las facturas puestas en duda por las acusaciones por servicios realizados por su empresa en México y Costa de Marfil. Además, reclama que se autorice a su perito de parte a ratificar en sede judicial su informe sobre esos supuestos servicios en el extranjero, de forma conjunta con el perito de la Agencia Tributaria asignado a esta causa.
La tesis de la defensa del imputado es simple: si logra demostrar que esas «facturas responden a servicios realmente existentes y las mismas no pueden considerarse falsas, no sería posible considerar la concurrencia de delito fiscal«. Y todo el proceso se acabaría.
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En caso alternativo, sostienen los abogados de González Amador, considerando a «efectos hipotéticos o dialécticos» que las facturas efectivamente fueran falsas como sostiene la Fiscalía, de cualquier forma «los ajustes no efectuados y que deberían haberse practicado por la Agencia Tributaria en la liquidación tributaria harían objetivamente imposible considerar la concurrencia de delito fiscal», abundan los letrados del novio de Ayuso.
Insiste la defensa que resulta «necesario» incorporar al sumario en primer lugar y antes de la consideración de la liquidación tributaria, las declaraciones de estos testigos que mostrarían, «no sólo la realidad de los servicios prestados en Costa de Marfil, sino que esa realidad no la ha conocido la AEAT, no la ha podido valorar ni la ha tenido jamás en cuenta sin que figure de ninguna forma ni incorporado ni considerado en su expediente tributario ni incorporado al sumario».
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«La negativa que integran las resoluciones que se recurren a la práctica de las únicas tres diligencias de defensa propuestas constituye la continuación en la destrucción absoluta y desaparición de los derechos fundamentales a defensa y a la presunción de inocencia de Alberto González Amador, hasta la desaparición de cualquier contenido materia», apunta el escrito del imputado.
«Jamás vista»
En este mismo alegato, la defensa de González Amador recuerda a la Audiencia Provincial que su cliente ha sido víctima de la supuesta filtración de datos tributarios por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado ya por un delito de revelación de secretos. En esa línea, insiste en que «ha sido objeto de lesión en relación a este proceso desde antes de que el mismo procedimiento existiera con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial».
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En este proceso por el doble fraude fiscal, Fiscalía y Abogacía del Estado reclaman una pena de tres años y nueve meses para el novio de Isabel Díaz Ayuso. El PSOE y Más Madrid, acusaciones populares en este procedimiento, van mucho más allá y solicitan cinco años de prisión para el empresario. Las dos formaciones acusan a Alberto González Amador de delito contable, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.
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