Editorial: El Gobierno y la difícil continuidad

Pedro Sánchez consiguió el éxito de la moción de censura a causa del fuerte rechazo que merecía la acumulación de episodios de corrupción. El nuevo presidente ha formado un equipo con pesos pesados que aspira a llegar al final de la legislatura, aunque tampoco va a forzar la continuidad hasta más allá de lo razonable.

El deseo confesado de Sánchez es estabilizar la nueva situación, introduciendo medidas de equidad, revirtiendo ciertas decisiones controvertidas –elementos de la Lomce, la reforma laboral, la ley de seguridad ciudadana– e introduciendo un sesgo progresista a la gestión, aun sabiendo que no hay tiempo de aquí a 2020 para grandes reformas. Los socialistas aspiran a que esta obra devuelva al partido el apoyo social perdido y pueda seguir gobernando tras las próximas elecciones. Y, por supuesto, el Gobierno hará lo posible por encauzar un diálogo con el soberanismo catalán, basado en reformas estatutarias dentro del marco constitucional.

Difícil, pero no imposible. En las escasas semanas de gobierno, Sánchez ya ha advertido la gran dificultad de la tarea que se ha impuesto. Aunque no cabe descartar que en septiembre puedan negociarse los Presupuestos 2019, el rechazo al techo de gasto ya ha evidenciado que tanto las formaciones de la derecha como las de más a la izquierda le negarán el pan y la sal por sistema. De ahí que la viabilidad del plan gubernamental dependa, en gran medida, de la prisa electoral de los demás actores.

El PP necesita tiempo para consolidar el nuevo liderazgo. Ciudadanos, que confiaba en asentarse sobre las cenizas del PP de Rajoy, tendrá que reinventar su espacio tras la resurrección de PP y PSOE. Unidos Podemos, en horas bajas y con fracturas, necesitaría reconstruirse… En estas condiciones, no parece que los partidos quieran ahora improvisar unas generales en vísperas de unas trascendentales elecciones autonómicas y municipales en las que todos se juegan mucho. Sea como sea, sería deseable que, mientras cavilan, unos y otros no pierdan de vista el interés general. No tendría sentido que por una rivalidad poco inteligible las comunidades autónomas y la Administración central tuvieran que prescindir en 2019 de unos recursos adicionales, ya negociados con Bruselas, que permitirían restañar ciertos daños que todavía son consecuencia de la crisis y que animarían la economía.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbó la normativa del Área Metropolitana de Barcelona para limitar las licencias VTC al considerar que «contiene importantes restricciones a la competencia». Los taxistas decidieron ir a la huelga y exigen que se mantenga el criterio de una licencia VTC por cada treinta taxis. Compañeros de toda España han secundado el paro y hoy Fomento iniciará negociaciones. El asunto es complejo porque, evidentemente, los derechos adquiridos por el sector, totalmente intervenido hasta hoy, no pueden ser violentados de la noche a la mañana. Hay intereses legítimos y puestos de trabajo en juego. Sin embargo, el mundo está cambiando y el progreso no puede detenerse. El papel de las administraciones consiste en armonizar derechos, lograr acuerdos razonables y dar preferencia a las necesidades de la ciudadanía, la principal afectada por las huelgas. Una fiscalidad equitativa, los consensos conseguidos con imaginación y la gradualidad en los cambios pueden ser valiosas herramientas de concordia.