Dos etarras vuelven a prisión mientras se resuelve el tercer grado dado por el Gobierno vasco

En sendos autos conocidos este lunes, la magistrada María Reyes Jimeno ha admitido el recurso formulado por el Ministerio Público contra los acuerdos de la Consejería de Justicia del Gobierno vasco del pasado 2 de marzo, por los que se acordó progresar a tercer grado a estos presos.

La juez aplica la doctrina unificada establecida a finales de 2022 por el Supremo. El alto tribunal estableció que el recurso de la Fiscalía paralizará la excarcelación del interno «en el caso de delitos graves». Esa suspensión, en concreto, «se mantendrá hasta la resolución por el tribunal sentenciador, con carácter preferente y urgente, bien del referido efecto o bien del fondo de la cuestión». En este caso el tribunal sentenciador es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Según informó este lunes la plataforma de apoyo a los presos de ETA Exterat, tanto Atristain como Inciarte volvieron el lunes a la prisión de Martutene (Gipuzkoa) en aplicación de la decisión de la magistrada de apoyo en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. «En ambos casos se ha aplicado por primera vez la doctrina del Tribunal Supremo», detalla el colectivo en su web.

Exterat recuerda que, por cumplir las condiciones requeridas, en julio de 2022 el Gobierno Vasco le dio a Atristain el tercer grado, con lo que podía acudir a dormir a su domicilio. «Tuvo que volver a prisión tres meses más tarde, una vez que la Audiencia Nacional le devolvió a segundo grado. Hace 10 días, el Departamento de Justicia clasificó de nuevo a Atristain en tercer grado, pero este nuevo recurso interpuesto por la Fiscalía devuelve al preso donostiarra a la cárcel».

La plataforma indica que Atristain ha cumplido ya 12 años y medio de prisión de una pena de 17 por pertenencia a banda armada y posesión de explosivos. Por su parte, Inciarte, de 68 años, lleva 14 en la cárcel. "El próximo año cumplirá las tres cuartas partes de su condena. A petición de la junta de tratamiento de Martutene, el Gobierno Vasco le dio el tercer grado hace diez días", detalla la web.

Hace un año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, condenó a España por impedir que Atristain accediera a un abogado de su elección y consultar a su defensor mientras permanecía en detención incomunicada en 2010. El Estado tuvo que indemnizarlo con 12.000 euros por daños morales y pagar otros 8.000 por costas y gastos.

Los magistrados europeos consideraron probada la violación del artículo seis del Convenio Europeo sobre el derecho a un proceso equitativo, en sus párrafos uno (derecho a un juicio justo) y tres (derecho a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección). No obstante, la Abogacía del Estado trasladó a las víctimas que la excarcelación del preso de ETA no derivará en una cascada de casos. Por el momento, esta sentencia ha sido esgrimida por al menos otros tres presos de la banda.