El despacho creado por Montoro pide anular la causa sobre las 'leyes a la carta'
Alega que la investigación es «desproporcionada» y que toda ella está viciada de origen por los registros en los que se incautaron los mails claves de este procedimiento
Equipo Económico (EE) pide la nulidad de todo el procedimiento que le atribuye un papel esencial en el presunto negocio de las ‘leyes a la ... carta’. El despacho –fundado por Cristóbal Montoro y que está en el centro de la supuesta trama de amaño de normas a cambio de dinero por la que ha sido imputado el exministro y otra veintena de sus excolaboradores y miembros de este mismo bufete– ha reclamado a la Audiencia Provincial de Tarragona que acabe con la «investigación desproporcionada» del juez Rubén Rus. Argumentan los letrados que esta causa está viciada de origen dado que partió de unos ‘mails’ encontrados en registros ordenados para investigar un posible delito contra la ordenación urbana y no la presunta actividad ilícita por la que habrían cuadrado proyectos legislativos a la medida de empresas gasísticas.
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EE insiste en que toda la causa debe ser anulada porque los correos electrónicos incautados en 2018 en la empresa gasística Messer Ibérica –que fueron en los que se apuntaba a que esta firma había decidido recurrir a la mediación del bufete creado por Montoro en 2006 para obtener cambios legislativos del Ministerio de Hacienda- fueron encontrados en allanamientos que no tenían nada que ver con la actual causa.
El bufete, que tiene a cinco de sus miembros imputados, insiste ante la Audiencia Provincial que la investigación del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona no tiene el «menor fundamento jurídico« y por ello pide que se deje sin efecto la resolución de julio de 2018 por la que se mandó a reparto el hallazgo de estos 'mails' y la que, de forma posterior, dictó el juez en agosto de ese mismo año asumiendo la causa y acordando investigar la supuesta trama en la que ha acabado imputado el exministro de Hacienda con José María Aznar y Mariano Rajoy.
El despacho argumenta que, «en ningún momento durante la entrada y registro» de la Messer Ibérica, y «ante la eventual aparición» de esos correos, «se solicitó al juez una nueva autorización que legitimase la incautación de esos correos para que valorase si procedía ampliar la investigación a los nuevos hechos».
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No era un «delito flagrante»
Equipo Económico añade que no existía «autorización judicial ante un supuesto hallazgo casual relativo a hechos ajenos a la investigación original». «Ni estábamos ante un supuesto de delito flagrante, de tal manera que su aprehensión (la de los correos) por los Mossos supuso una vulneración del derecho fundamental del artículo 18 de la Constitución», añade, en alusión a la inviolabilidad del domicilio.
Según el despacho, es imposible desgajar la incautación de esos correos de la apertura de la causa. «La incorporación de dichos correos a la causa» sirvió «para iniciar una investigación prospectiva inmediatamente después y sostenida durante más de siete años de instrucción», apostilla.
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