La UCO certifica en el Supremo: «Al teléfono del señor fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado»

«Al teléfono del señor fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado». Los peritos de la UCO certificaron este miércoles en el alto tribunal que Álvaro García Ortiz, personalmente y sin ayuda de los técnicos de la Fiscalía, borró de manera exhaustiva su móvil en dos ocasiones. Y que en modo alguno esa maniobra fue «accidental». «Formateó» íntegramente su móvil el 23 de octubre de 2024, cuando además cambió de terminal. Pero antes, según los guardias, el fiscal general efectuó un primer borrado general de información el 16 octubre. Esa primera cancelación de datos tuvo lugar solo horas después de que el Supremo anunciara que le abría una causa por su supuesta implicación en la filtración el 13 y 14 de marzo de 2024 del correo del letrado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, en el que éste reconocía el doble delito fiscal de su cliente.

Antonio Balas Dávila (el teniente coronel de la Guardia Civil al frente del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO que lleva las investigaciones más delicadas para el PSOE y el Gobierno) y sus dos lugartenientes confirmaron que ese 23 de octubre García Ortiz se desprendió del Samsung Galaxy A 52 5G que usaba entre el 8 y el 14 de marzo, el período analizado para determinar la filtración, y se hizo con un nuevo A 54 de la misma marca, sin que jamás devolviera el anterior móvil. Una semana después de cambiar de terminal, el 30 de octubre, fue cuando la UCO registró el despacho del fiscal general, por lo que el aparato que requisaron ya no tenía «ningún mensaje de interés» para la investigación, según constataron los peritos.

El equipo de Balas también aseguró ante el tribunal que el imputado igualmente «borró» poco antes del registro todos los correos de Gmail y los mensajes de WhatsApp, según les informaron ambas multinacionales, que fueron incapaces de recuperar ni un solo dato de esas dos plataformas.

Sobre lo ocurrido específicamente la noche del 13 de marzo de 2024, los peritos de la UCO insistieron en que, tras el análisis de los mensajes y 'mails' que no fueron borrados por el resto de protagonistas los hechos, García Ortiz ejerció un papel fundamental. «Vemos que el dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado, como es normal», afirmaron los mandos de la Guardia Civil. «Todo lo que se ha filtrado estaba en poder de la Fiscalía General del Estado», abundaron los guardias, insistiendo en que el resto de fiscalías (la provincial de Madrid y la de la Comunidad) no tenían la 'película' al completo.

Balas y sus subordinados desmintieron además una de las coartadas más importantes del fiscal general: la que facilitó el periodista de la Ser Miguel Ángel Campos, quien asegura que ese 13 de marzo, en torno a las tres de la tarde, una fuente de la Fiscalía de Madrid le dejó ver el 'mail', aunque no le dio copia. Es decir, que tuvo acceso a la literalidad del correo varias horas antes de que una noticia de El Mundo (apuntando que el Ministerio Público se había echado para atrás de un posible pacto) desatara las maniobras de la Fiscalía General para desmentirlo.

Según la UCO, cuando a las 23:35 la emisora difundió la exclusiva de que el acuerdo había sido promovido por la defensa del novio de Ayuso, «ahí todavía no se ha producido la filtración del correo» de manera íntegra. Según los peritos, la versión de Campos «no se compadece» con los errores e inexactitudes que comete el periodista -entre ellos, las fechas- en su intervención radiofónica al filo de la medianoche. De acuerdo con la teoría de los agentes, fue una «filtración en directo» tras publicar El Mundo la noticia y no parecen lógicos esas equivocaciones si el periodista pudiera haber apuntado «textualmente» el contenido del 'mail' en un despacho varias horas antes. «La palabra 'ciertamente' es la única que coincide» con la textualidad del 'mail' original, recordaron los peritos.

Antes de la intervención de los peritos, la defensa del fiscal general del Estado se empeñó en desacreditar el trabajo de la unidad de élite de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo. Una circunstancia inédita en esa confrontación entre pilares del Estado. Iñaki Ocio, el abogado del Estado que representa a Álvaro García Ortiz, desveló una de sus bazas en la estrategia de defensa: tratar de cuestionar la limpieza del trabajo de la UCO durante ese registro del despacho del fiscal general el 30 de octubre de 2024, donde clonaron su ordenador, su nube y su teléfono, que ya había sido cambiado previamente.

Las preguntas de Ocio a los tres agentes que ese día estuvieron en la sede de la calle Fortuny de Madrid estuvieron dirigidas a intentar probar que los agentes no cumplieron estrictamente con el mandato del instructor de la causa en el Supremo, Ángel Hurtado, que circunscribió el volcado a las fechas entre 8 y el 14 de marzo de 2024, la horquilla temporal en la que supuestamente se incardina la filtración del correo en el que Carlos Neira, el abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador, reconocía la comisión de un doble delito fiscal por parte de su cliente.

Ocio insistió en que durante el allanamiento hubo quejas por parte de la Abogacía del Estado por el «carácter desmesurado» de la requisa. Esos reproches fueron rebatidos por los agentes, que negaron ante el Supremo que se pudiera hacer un «volcado selectivo» entre dos fechas. «Hay que hacerlo de manera total», dijo uno de los funcionarios de la UCO. «Técnicamente es imposible volcar por fechas», reiteró ese mismo agente. «No se podía realizar una búsqueda selectiva. La copia fue íntegra porque el propio archivo no permite seleccionar», apuntó otro de los agentes. «Es inviable técnicamente durante una intervención hacer una selección», abundaron los funcionarios, que reconocieron la «copia de la nube fue total». Hacer una selección previa habría necesitado de «semanas», según los guardias testigos.