La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación

Según expone su abogado, no puede ser punible el hecho de que un funcionario de un órgano judicial realice o reciba una llamada personal en la secretaría del Juzgado, hacer un favor personal a otro miembro de la oficina judicial o transmitir a alguien un recado de parte de otro, ya que de ser así -asegura el escrito- «tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa».

La defensa incide en que la decisión de Peinado es «contradictoria con la postura del Tribunal Supremo», que rechazó abrir causa al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez por este mismo delito. «La firmeza sin concesiones mostrada por el Tribunal Supremo ante lo poco ortodoxo de la presente instrucción es la que pedimos, respetuosamente, a la Sala (de la Audiencia Provincial de Madrid) que resolverá el presente recurso», añade.

De igual forma, recalca que la imputación también «desobedece (otra vez) a la Audiencia Provincial», que «negó de manera expresa y tajante» que Álvarez «haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye». Igualmente, incide en que Peinado «contradice» su propia postura, toda vez que descartó investigar a Álvarez y Gómez por malversación el día que imputó dicho delito al delegado del Gobierno en Madrid, Fernando Martín Aguirre, por los mismos hechos.

El escrito acusa al instructor de «cambiar de criterio» poco después «y sin que el resultado de ninguna diligencia de investigación permitiese modificar el relato fáctico atribuido» a Álvarez, «de modo que los mismos hechos que antes no podían encajar en el tipo delictivo ahora encajan como un guante». «Con el debido respeto, hemos conocido juristas más firmes en sus convicciones jurídicas», agrega.

En este sentido, sostiene que «si se respeta el criterio expresado» por la Audiencia de Madrid «la presente pieza separada, en su totalidad, está abocada al fracaso». Y reprocha a Peinado que vuelva a «ignorar» a sus superiores, «llegando esta vez incluso a mutilar un auto de la Audiencia Provincial, que transcribe parcialmente y de manera descontextualizada para disimular su rebeldía».

En el marco del escrito, el letrado defiende que Álvarez «prestó las funciones para las que estaba contratada». A su juicio, «es disparatado pensar que la remisión de tres emails de carácter privado en un plazo de siete años, a menos de medio correo electrónico privado por año, le hayan impedido llevar a cabo sus funciones, y no consta queja ni incidencia alguna en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en estos años».

«¿Tan difícil es entender que la esposa del presidente del Gobierno también necesita equipo de escoltas y coordinación de seguridad cuando acude a reuniones privadas o profesionales, ya sea una reunión en el colegio de sus hijas, o en la Universidad Complutense, y que eso obliga a mi patrocinada a estar al tanto también de esas actividades y coordinar la seguridad y protocolo, e incluso asistir, en esos eventos?», especifica la defensa.

En este sentido, recuerda que «las esposas de los anteriores presidentes del Gobierno, desde 1978 hasta nuestros días, siempre contaron con asistentes personales» y subraya que «los anteriores asistentes contaron con salarios superiores» al de la asesora de Begoña Gómez.