Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox

Esta petición es la primera maniobra del abogado del exministro, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que la pasada semana se hizo cargo de la defensa del imputado, tras la ruptura del diputado con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, después de que éste le presionara para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Bautista en su escrito alega que, en su opinión, las formaciones políticas no están legitimadas para ejercer esa acción popular porque se trata de un ámbito «reservado» a «los ciudadanos o personas físicas y jurídicas al margen del ámbito representativo». «No parece que un partido político esté constitucionalmente legitimado para ejercer la acción popular, de la misma forma que resultaría contrario al diseño constitucional de la participación que ejerciera el derecho de petición o intermediara en la iniciativa popular», sostiene el abogado haciendo una particular interpretación del artículo 125 de la Carta Magna, que se limita a señalar que los «ciudadanos podrán ejercer la acción popular».

«La acción popular es un derecho reconocido a los cives (ciudadanos) en sentido propio. La admisión de su utilización por personas jurídicas es el origen de una cierta perversión de la institución. Perversión que alcanza su clímax en la utilización que los partidos políticos - personas jurídicas- realizan de la acción penal en calidad de acusadores populares», llega a afirmar el escrito de José Luis Ábalos.

La defensa del exdirigente socialista sostiene que hay que echar a los partidos del 'caso Koldo' y frenar así la expansión de las formaciones fuera de la política porque los partidos –alega- han «acabado ocupando posiciones y espacios que, en principio, el constituyente ha considerado ajenos a su intervención». Se queja el diputado del «abuso de posición dominante» de las formaciones políticas en el mundo jurídico, sobre todo a través del «ejercicio de la acción popular».

Para la defensa, el ejercicio por los partidos políticos de la acción popular «acaba fagocitando la iniciativa ciudadana y arrinconando el ejercicio por los particulares de la acción popular, que se convierte en instrumento de combate de los partidos políticos, los cuales pueden llegar a extraer de las causas penales informaciones y argumentos que utilizar en el debate político».

«Muestra de lo anterior es que, en las comisiones de investigación, los partidos políticos que no están personados en las causas penales manifiestan estar en inferioridad de condiciones frente a aquellos que sí lo están», señala el escrito.

Es por ello que Bautista reclama al magistrado instructor que adopte medidas y les saque de la causa. Según defiende, «ningún obstáculo constitucional existe para que se expulse a los partidos políticos personados en la causa, precisamente porque el ejercicio de sus funciones constitucionalmente asignadas, que conlleva ciertos privilegios, comporta, igualmente, determinadas limitaciones que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas».