Editorial: Libre comercio

Es necesario preservar la legítima actividad de nuestras empresas en Cuba, evitando dramatizar sobre las consecuencias de la última decisión de Donald Trump

Donald Trump./Efe
Donald Trump. / Efe
El Norte
EL NORTEValladolid

La decisión de la Administración Trump de no renovar la suspensión del Título III de la ley Helms-Burton de 1996 permitirá que cualquier persona reclame ante los tribunales de Estados Unidos la titularidad de bienes confiscados por el Gobierno de Cuba tras la revolución castrista de 1959, y que en estos momentos puedan estar en uso de inversores o compañías extranjeras. Esa cláusula había sido suspendida por los sucesivos presidentes estadounidenses desde el momento en que se promulgó la norma. Pero mientras tanto ninguna administración se atrevió a promover la derogación definitiva de ese Título III, que Donald Trump hizo suyo el miércoles. Es más que dudoso que el actual inquilino de la Casa Blanca pretenda restituir materialmente a los cubanos que abandonaron su tierra, mediante hipotéticas resoluciones en instancias judiciales estadounidenses, en espera de que pudieran hacerse efectivas en un futuro tan remoto como incierto. El propósito de Trump es otro, y múltiple. Trata de movilizar a favor de su mandato a la comunidad norteamericana de origen cubano, haciendo que se sienta acreedora a un acto de justicia en nombre de lo que su familia poseía o decía poseer antes de su exilio. Reclamaciones a las que podrían sumarse también los herederos de los exiliados o repatriados a otros países. Así establece, también, una divisoria entre los migrantes merecedores de su simpatía, y los empobrecidos que aspiran a entrar en Estados Unidos, frente a los que Trump no acaba de levantar el muro de la ignominia porque gran parte de su país sigue manteniendo un ánimo acogedor. Junto a todo ello, el presidente norteamericano persigue ahuyentar de Cuba a los inversores y las empresas –fundamentalmente europeas y españolas– que contribuyen, a cambio de beneficios inmediatos y de expectativas de negocio, a abrir las puertas del futuro a los cubanos. Washington trata para ello de restar valor a las inversiones y proyectos instalados ya en la isla caribeña. El mensaje subliminar es que Cuba pertenece al área de influencia de EE.UU., y será el terreno de realización de los intereses empresariales radicados en USA frente al libre comercio. Por eso resulta crucial que Gobiernos y partidos de este lado del Atlántico eviten dramatizar la situación, para favorecer que las distintas compañías e iniciativas empresariales que operan o buscan operar en Cuba continúen actuando con la máxima normalidad, atrayendo inversiones con la seguridad de que no verán materializarse el Título III de la norma impulsada por los republicanos Helms y Burton hace veintitrés años.