El Gobierno aprueba más de 36.500 plazas de empleo público, 3.500 menos que el año pasado

«La ausencia de Presupuestos y la congelación de fondos de la Unión Europea ya se hacen notar», denunció CSIF, que amenazó con nuevas movilizaciones para exigir el refuerzo de una plantilla con un 20% de efectivos en edad de jubilación y la subida salarial pendiente para 2025.

Prácticamente tres cuartas partes de las plazas convocadas, un total de 26.889, son para trabajar en la Administración General del Estado (AGE), una oferta muy inferior a los 31.465 puestos aprobados el año pasado. Sin embargo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sí se refuerzan con más empleo que en 2024 y se crearán 3.713 plazas para la Guardia Civil, 3.139 para la Policía Nacional y 2.847 para las Fuerzas Armadas.

De igual manera, también alcanzan un récord histórico este año las 27.697 plazas aprobadas para nuevo ingreso, a las que, por tanto, podrá optar cualquier persona que cumpla con los requisitos; superan en más de 5.000 las de acceso libre convocadas el año pasado y, según el Gobierno, servirán para crear empleo neto en la Administración. Además, habrá otros 8.891 puestos para promoción interna, es decir, para promocionar a los funcionarios en activo.

Dentro de la oferta para la Administración del Estado, 20.324 plazas son de turno libre y 6.565 de promoción interna, lo que supone una creación de 5.400 empleos netos. «Se profundiza así en el cambio de tendencia logrado en 2021 manteniendo un flujo de entrada de nuevos ingresos en el sistema por encima de la pérdida de efectivos», precisó en un comunicado el ministerio dirigido por Óscar López, que destacó también que durante tres años consecutivos se ha producido una generación de empleo neto, lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas.

La oferta para 2025 –resaltó también López– refuerza las plazas para los servicios directos de atención a la ciudadanía, principalmente en los registros y en las oficinas de tramitación y prestaciones, donde se están produciendo ciertos colapsos. En este sentido, de los 13.400 puestos para personal funcionario en la Administración del Estado, el 64%, un total de 8.851 –seis puntos más que el año pasado–, irán destinados a engrosar las plantillas del Servicio de Empleo Público (SEPE), de la Seguridad Social, de las oficinas de Extranjería, de la DGT, del catastro, de la Agencia Tributaria, de las gerencias territoriales de Justicia, de los centros de expedición del DNI, de homologación de títulos educativos, etc.

«Es la primera vez que la oferta de plazas se enfoca en los servicios de atención a la ciudadanía y de tramitación de prestaciones para garantizar una atención ágil, directa, de calidad e inclusiva», recalcó el ministerio, que abogó por unos «servicios públicos directos, cercanos, ágiles y eficaces».

Pese a ello, CSIF advirtió que la nueva oferta –que mantiene la tasa de reposición fijada para cada ámbito– impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el SEPE, la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, así como la sanidad y educación gestionada desde los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.

Como ya ocurrió en 2024, se reservan el 10% de las plazas para personas con discapacidad: un total de 2.610, de las cuales 538 serán para personas con discapacidad intelectual.

Asimismo, esta oferta da un paso más en la territorialización de las plazas, para reflejar mejor la presencia de la Administración del Estado en todo el territorio. En las convocatorias se podrá especificar la distribución territorial de las plazas y una previsión orientativa de las provincias en las que se ofertarán destinos. El objetivo es que las personas aspirantes a los procesos selectivos tengan información sobre si existe previsión de ofertas plazas en las distintas provincias y así atraer talento de todo el territorio.