Iberdrola lleva al Tribunal Supremo la investigación del Gobierno sobre el apagón

Y es que el pasado 30 de mayo, antes de que se hicieran públicas las conclusiones de la investigación del Ministerio de Transición Ecológica, Iberdrola acudió al Supremo. Allí planteó una «explicación normativa», una consulta para que el Alto Tribunal se posicione sobre la validez jurídica en la que apoyó el Gobierno la creación de su comité.

Tal y como ha confirmado este periódico, la eléctrica considera que «no existe una cobertura legal adecuada» porque ese órgano se «se creó para una gestión de crisis sin previa declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional por parte del presidente del Gobierno». Por lo tanto, entiende, sin la «necesaria cobertura jurídica».

El 17 de junio, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó el análisis de millones de datos que terminó por repartir culpas. Por un lado, reconoció deficiencias en el diseño del plan de operación para el 28 de abril, un cometido de Red Eléctrica Española. Pero también responsabilizó a las eléctricas de no mantener sus centros de generación de acuerdo a lo previsto generando un funcionamiento indebido que contribuyó a la caída de la luz y a la no absorción de los picos de tensión que la provocaron.

Iberdrola considera que las actuaciones de este comité, como las solicitudes de información o la personación en las empresas para recabar los datos, podrían quedar en un limbo legal. De tal manera que, en el caso en el que el Supremo dictamine esa falta de cobertura, todo el informe podría quedar sin eficacia. Un giro de tuerca a una situación ya complicada que tiene ahora ese informe, junto al elaborado por Red Eléctrica en el supervisor, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Es el organismo presidido por Cani Fernández quien debe fijar responsabilidades antes de, en su caso, abrir la vía judicial.

El choque entre el operador, Red Eléctrica Española –participada en un 20% por el Estado–, y las eléctricas ha elevado la temperatura del sector a niveles desconocidos. La presidenta de REE, Beatriz Corredor, ha insistido en defender su gestión y en acusar a las empresas eléctricas del apagón.

Batalla de indemnizaciones

Las eléctricas, por su parte han mantenido en todo momento que siguieron las indicaciones del operador del Estado al que acusan de haber programado muy poca generación de soporte para aquel 28 de abril, cuando el peso de las renovables era muy elevado y la demanda muy baja.

La determinación de la responsabilidad es un elemento clave para hacer frente a las graves indemnizaciones por los daños en empresas y particulares provocados por el apagón. Según el Gobierno, en los primeros días, la cifra ascendía en torno a los 400 millones, pero la patronal CEOE elevó las pérdidas a los 1.500 millones.