Solo el 8% de la población pobre se beneficia de las rentas de inserción

En una posición nacional literalmente intermedia, Castilla y León no puede presumir de un buen desarrollo de la ayuda que llega a la población más vulnerable desde un punto de vista económico y de empleo, dado que solo el 8,3% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza encuentran el apoyo de la Renta Mínima de Inserción. Ese es al menos el balance que hace el observatorio de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales en un estudio nacional publicado al respecto. La tasa de la comunidad de riesgo de pobreza alcanza al 13,4% de la población, es decir, 319.341 personas y de ellas, solo 26.529 perciben este salario social. Baja así la cobertura desde el 10,7% que reflejaban los datos de 2019.

Recoge además este informe que hay siete comunidades, entre las que se encuentra Castilla y León, que iniciaron en el año de la pandemia, 2020, «el desmantelamiento de las rentas mínimas, reducen el número de personas beneficiarias y recortan presupuesto con la coartada del Ingreso Mínimo Vital». Señala así también este análisis a la Comunidad de Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla la Mancha y La Rioja, junto a Castilla y León, como las que «aprovechan para hacer caja en lugar de orientar el presupuesto a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los Servicios Sociales para la lucha contra la exclusión social».

La media española de los que bajo el umbral de la pobreza perciben esta ayuda pública es del 9%; pero hay comunidades que logran llegar a más de la mitad y otras que se quedan en el dos por ciento. Castilla y León tiene ocho con mejores datos que ella y otros tantos, con peores.

Así se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2020, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales, que analiza esta entidad.

Las diferencias son extremas. Dos comunidades destacan -País Vasco y Navarra- con porcentajes que suponen el 61,7% y el 59,6% respectivamente, de su población inmersa en la pobreza. Le siguen Asturias y Cantabria, donde reciben estas rentas casi una de cada seis personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, solo tres comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Cataluña, Aragón y Baleares). En las comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%.

Madrid es la que más reduce el número de personas beneficiarias (-12.471 personas), Cataluña la que más aumenta (+42.414 personas) y la Comunidad Valenciana la que más aumenta la cobertura proporcionalmente, respecto a las personas en situación de riesgo de pobreza (+2,72%).

Con estos datos, la asociación solicita al Ministerio de Derechos Sociales que «simplifique los procedimientos del Ingreso Mínimo Vital y cumpla con la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias como se había comprometido, y recuperar los mil millones que no ha gestionado en el año de la crisis social mayor de la historia reciente de nuestro país». Y a las comunidades que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, «se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los Servicios Sociales, para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral».

La cuantía media por perceptor de las rentas mínimas en el conjunto de España «supone el 15,3% de la renta media por hogar del país. Una cuantía extremadamente baja y que ha bajado dos puntos desde 2019, pasando del 17,1% al 15%, condicionado probablemente por la aparición del Ingreso Mínimo Vital».

Según los últimos datos, 799.203 personas son beneficiarias en España del Ingreso Mínimo Vital, «mientras que a fin de 2020 percibían las rentas mínimas de las comunidades 795.861 personas. Únicamente un 0,04% es lo que el ingreso mínimo vital habría mejorado la cobertura de las rentas mínimas de las comunidades».

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