El sector ve asumible la normativa para temporeros, pero lamenta que no se le haya consultado

Que lo primero es la salud y evitar retrocesos con respecto al coronavirus es algo que tiene claro el sector agrario de la región y por eso, en la mayoría de los casos, tampoco ha sorprendido la respuesta de la Junta para prevenir focos de contagio en campañas de recolección con unos requisitos más estrictos. Dicho esto, una parte ha mostrado cierto «descontento» pues aseguran que no se les ha consultado la normativa publicada ayer.

«Todo lo que sea prevenir para luchar contra el coronavirus y evitar futuros confinamientos, nos parece correcto», destacó Jerónimo Lozano, director de la Unión Regional de Cooperativas (Urcacyl). «Algunas de nuestras cooperativas nos han comentado que están descontentos porque no se ha contado con ellos, hay medidas que no se pueden poner en marcha de hoy para mañana, especialmente la de disponer de una sala de aislameinto de enfermos o para la cuarentena de sospechosos y están disgustados en ese sentido».

Asegura que desde las cooperativas se está actuando de un modo «escrupuloso» en cuanto al uso de mascarillas, distancias o disposición de hidrogel «pero quizás hubiera sido necesario unos días transitorios para las medidas extras».

Los casos prácticos se encuentran estos días en agricultores que están recogiendo patatas como es el caso del vallisoletano Santiago Domínguez. Cultiva más de 200 hectáreas y en estos momentos dispone de 14 cuadrillas que suman unos 120 trabajadores, «casi todos extranjeros, es muy difícil encontrar mano de obra y más nacional».

Dice que en su situación «sí que se pueden cumplir las medidas» sin dejar de reconocer que «es difícil porque estamos hablando de un esfuerzo físico importante pero se está intentando llevar a cabo lo mejor posible».

Domínguez no se ocupa ni del transporte ni del alojamiento y las cuadrillas de rumanos o marroquíes, principalmente, son las habituales de cada año y suelen alternar el viñedo con las patatas. «En mi caso están en medio del campo, con bastante distanciamiento pero supone un esfuerzo a pesar de que ellos están muy mentalizados». Su empresa se encarga de repartir todas las mascarillas y el gel que los temporeros necesitan.

Entre las provincias de Ávila y Segovia desarrolla de manera principal su actividad la empresa El Pinar, dedicada a la comercialización de planta y fruta en el sector de los frutos rojos. Hasta el otoño no dejará de demandar un importante volumen de mano de obra pero su representante, Mario Esteban, aprecia que las medidas impulsadas por la Junta «son bastante razonables, son cosas que estamos haciendo desde el principio.

En su caso va más allá de lo exigido, «hacemos test a todo el mundo antes de empezar a trabajar y a un 15% de los trabajadores de manera aleatoria cada semana».

Desde el punto de vista de las organizaciones profesionales agrarias, todas parten del hecho que lo primero es la salud pero, Donaciano Dujo, presidente de Asaja, reclama que las normativas sean «compatibles con la actividad pues los primeros interesados en que se hagan las cosas bien somos nosotros».

Indica, igualmente, que las medidas deben ser «sencillas, con sentido común» y que se tenga en cuenta aquellas actividades que se desarrollan al aire libra salud y evitar retrocesos con libre y con mucho calor.

Aurelio González, coordinador de la Alianza UPA-COAG, a parte de aplicar el sentido común, asume que todas esas medidas «pueden suponer unos costes a mayores y no está el mercado para tirar cohetes».

Al igual que el resto de personas consultadas introduce el matiz de que la realidad de Castilla y León no es la misma que la de Huesca o Lérida, «nuestra región no tiene tanta problemática, no es aquí donde más mano de obra está concentrada».

Por parte de UCCL entienden que la normativa ha surgido de modo «precipitado» y sin contar con los representantes del sector y se ha adoptado una serie de medidas de «difícil justificación» y que pueden poner en «riesgo» campañas como la recogida de patata o la vendimia.