Apenas diez mil de los más de cien mil asuntos penales que se tramitan al año acabarán en juicio
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La Memoria Fiscal 2022 recoge que más de la mitad de las diligencias previas abiertas tuvieron un archivo rápido
La Memoria Fiscal de Castilla y León 2022 revela que un porcentaje muy elevado de las diligencias previas acaba con un archivo rápido. Por ello, la cifra total de incoaciones de diligencias previas no representa el volumen real de asuntos penales que prosperan para su instrucción en los juzgados. Para obtener el volumen real de asuntos y carga de tramitación es preciso descontar el volumen de causas que se archivan casi nada más iniciarse (acumulaciones, inhibiciones, sobreseimientos y archivos y las diligencias previas que se transformaron en otros procedimientos). Así, de las 102.392 diligencias previas en trámite en 2021 (la suma de las 69.059 nuevas abiertas ese año, más las 31.806 pendientes del año anterior y las 1.527 que se reabrieron), más de la mitad, en concreto, 53.917 (el 52,65%) terminaron al poco tiempo de su inicio y sin apenas tramitación. De estas, 15.021 se acumularon o inhibieron a otras, es decir, se registraron como nuevas cuando en realidad no dieron lugar a nuevos asuntos. Y 38.896 fueron sobreseídas y archivadas en un cortísimo periodo de tiempo desde su inicio y sin apenas practicar diligencias. El año anterior finalizaron por esos conceptos el 46,28% de las diligencias previas en tramitación, aunque esta anualidad no puede tomarse como referencia al estar todavía en plena pandemia de la covid, con el consiguiente impacto en la actividad judicial.
Los juzgados de instrucción abrieron 6.573 procedimientos abreviados, una cifra similar a la de la anualidad anterior
Del total de las diligencias previas en tramitación durante 2021 continuaron el procedimiento 14.865, un 14,52% del total y un 21,52% de la cifra de las incoadas. En el año anterior fue un 13,51% del total y un 19,75% de las cifras de los expedientes abiertos. De ellos, en 5.268 procedimientos se consideró que no existía más que una infracción de menor gravedad, por lo que se transformaron en juicio por delito leve. En los demás casos se consideró que los hechos eran constitutivos de delito y que existía material probatorio suficiente para dirigir la acción penal contra persona determinada, bien a través del procedimiento abreviado (8.238) o mediante las diligencias urgentes (1.271) o a través del (sumario) ordinario (75) y en un número reducido de supuestos (13) por el procedimiento regulado por la ley del jurado.
En relación con el año anterior, 2020, el número de diligencias previas que finalizan por sobreseimiento y archivo es de 35.469; en el presente ejercicio, 2021, hay un aumento considerable, dado que son 46.315. El dato de los sobreseimientos provisionales, son 27.878 en 2020 frente a los 31.294 del 2021. De esta forma, de las más de cien mil diligencias previas abiertas por las fiscalías de la comunidad, apenas diez mil llegaron (o llegarán, pues muchos procedimientos tienen trámites largos) a juicio.
Ambas cifras del presente ejercicio están marcadas por el aumento de procedimientos incoados tras la pandemia, se indica en la memoria fiscal de la comunidad.
La mayoría de los procedimientos abreviados fueron por delitos contra el patrimonio, lesiones (incluidas violencia de género y doméstica), contra la seguridad en el trafico y los realizados contra la Administración de Justicia, como quebrantamientos de condena o medidas cautelares impuestas
El número de procedimientos abreviados incoados por los juzgados de instrucción ascendió a 6.573, una cifra casi idéntica a la del año anterior. A finales de 2021 estaban pendientes 3.027 casos y es una cifra superior a la de finales de 2020 (2.697). En otro orden de cosas, el número total de procedimientos abreviados con la calificación de la acusación pública es de 6.573, ligeramente inferior (0,66%) a la de 2020, que fue de 6.179. La mayoría de los casos calificados por las acusaciones públicas fueron por delitos contra el patrimonio, lesiones (incluidas violencia de género y doméstica), contra la seguridad en el tráfico y los realizados contra la Administración de Justicia, como los quebrantamientos de condena o las medidas cautelares impuestas por los tribunales.
Un 59% de las sentencias dictadas por los tribunales fueron de conformidad con la acusación pública. «Si bien las cifras demuestran una reactivación de la actividad, estas aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia», ha apuntado el fiscal superior, Santiago Mena, durante la presentación de la memoria en el acto de apertura del año judicial celebrado en el TSJ de Burgos. El representante del ministerio público en la comunidadha alertado del incremento de la ciberdelincuencia y, sobre todo. de los delitos de odio y contra la libertad sexual.
Respecto de las diligencias de investigación iniciadas estrictamente en las fiscalías provinciales de Castilla y León, las cifras han aumentado y han pasado de 559 a 596 en 2021. La mayoría son a raíz de una denuncia de la administración (41,6%) cuando detecta la posible existencia de una conducta delictiva; de particulares (el 41,28%) y, en casos residuales, por atestado policial (6,54%). El 69,83% de estas diligencias tuvieron como destino el archivo y el 30,17% se remitieron al juzgado.
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