Castilla y León

La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel

Entre ellos, el de su viceconsejero de Economía entre 2007 y 2011, Rafael Delgado, condenado por la Audiencia Provincial el pasado 8 de enero a dos años y medio de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos tras el macrojuicio de la Perla Negra, un pelotazo urbanístico con la venta del edificio de la extinta Agencia de Desarrollo (ADE) y de los terrenos de un parque empresarial que nunca llegó a ser tal cosa, en Portillo.

A esa pena, que ya es firme pero no ha implicado su entrada en prisión, podrían sumarse los 42 años de cárcel y 239 millones que solicita para él la Fiscalía Anticorrupción, que considera también probada su implicación en la conexa trama eólica, un entramado para cobrar mordidas del que presuntamente se beneficiaron políticos y empresarios afines valiéndose de procedimientos irregulares en la tratamitación de expedientes administrativos para la instalación de renovables.

Por estos hechos se sentarán junto a él en el banquillo de los acusados otros 14 implicados, en un juicio que dará comienzo a mediados de septiembre en la Audiencia Provincial para abordar cuestiones previas y posibles acuerdos de conformidad. Después se retomará a finales de mes a lo largo de 43 sesiones en las que se juzgará su presunta implicación en una ristra de delitos que van desde la prevaricación continuada, el cohecho o el tráfico de influencias al blanqueo de capitales, la extorsión y el fraude en el pago de impuestos a la Hacienda Pública.

De los 15 acusados, la Fiscalía acusa 14, aunque inicialmente eran 16. En el juicio ya no estarán Manuel Ordóñez Carballeda, ex director de Energía y Minas, fallecido en 2024, para quien pedía 10 meses de inhabilitación por prevaricación. Tampoco Marc Nadelar, presunto testaferro de una de las sociedades implicadas, para quien la causa -por la que se enfrentaba a cuatro años de prisión por blanqueo- ha quedado sobreseída al ser inimputable a causa de una enfermedad.

Los hechos que se juzgarán en las próximas semanas se remontan a hace dos décadas, cuando el auge de las renovables se expandió en un territorio basto en extensión y cada vez más despoblado. El ministerio público, que presentó su escrito de acusación en marzo de 2021 tras cuatro años de instrucción, considera que Delgado favoreció la entrada de empresas «amigas» en los parques de energías renovables, condicionando la aprobación de la autorización administrativa a su participación, que después de saldaba con mordidas.

Una actuación con la que habría perjudicado a seis grupos promotores que llevaban años solicitando las autorizaciones sin conseguirlo. Para ello se valió, presuntamente, de una instrucción irregular a las delegaciones territoriales, cuyos representantes por ley eran los encargados de dar el visto bueno definitivo a los proyectos, que le otorgaron el poder de firmar las autorizaciones administrativas.

Judicialmente, todo estalló en 2017, un mes después de que Herrera anunciara que no se presentaba a la reelección para los primeros comicios que ganó su sucesor en el cargo, el popular Alfonso Fernández Mañueco, que formaría Gobierno en coalición en 2019 con Ciudadanos. En abril de aquel año la Fiscalía Anticorrupción presentaba una querella en el Juzgado de Instrucción número 4 contra Delgado y otras 19 personas entre ex cargos de la Junta, empresarios y directivos. A cada uno de ellos le atribuía diversos grados de participación en una trama que llegó a cobrar 75 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de beneficiar a empresas locales entre los años 2000 y 2011, cuando Delgado ocupó de la mano de Villanueva altos cargos en la Consejería de Economía.

La denuncia llegaba tras dos años de investigaciones de Anticorrupción, bajo la coordinación del fiscal Tomás Herranz, cuyas indagaciones empezaron a tomar forma a raíz de un informe de la Agencia Tributaria de Castilla y León. Fechado en diciembre de 2014, recogía la existencia de una estructura organizada de «personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo». Entre los implicados había, además de altos cargos de la Junta como Delgado o el ex director de Energía y Minas, Manuel Órdoñez, directivos de las empresas explotadoras de la instalación, de la promotora y empresarios locales cuyas sociedades «sin motivos económicos válidos» llegaron a percibir de las primeras unos 110 millones de euros -estimó entonces Hacienda- por agilizar el trámite para conseguir la licencia.

En el mencionado informe se detallaban siete operaciones en las que las eléctricas pagaron a empresarios locales o a altos representantes de la Junta, bien de forma directa o mediante la transmisión de acciones de sociedades creadas para la explotación de los parques, sin que se justificaran tales movimientos en la «lógica mercantil». Se documenta también como los pagos se corresponden con la agilización de trámites administrativos para poner en marcha los parques, llegando en algunos casos a coincidir el desbloqueo de operaciones que llevaban tres años paralizadas con la transmisión acciones.

«Los hechos descritos parecen indicar que para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad, propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por la Consejería de Economía y Hacienda», concluía el informe de la investigación tributaria. Siendo el caso de Alberto Esgueva, consejero delegado de la extinta Excal, considerado el más beneficiado por estas operaciones y para quien la Fiscalía pide la segunda pena más alta, 12 años y 65 millones de euros por cohecho y blanqueo de capitales.

Una de sus empresas, San Cayetano Wind, consiguió autorizaciones para unos parques cuyos trámites llevaban años paralizados. Acto seguido, vendió las participaciones a una filial de Iberdrola, Ibercyl. Lo mismo sucedió con otra empresa de los hermanos Llorente y Preneal, una de las sociedades que más dinero desembolsó. Otro ejemplo. Preneal abonó siete millones a Cronos Global, propiedad de Esgueva y de Luis María Clérigo, presidente de la constructora Parqueolid, investigada en la Perla Negra. Todas ellas operaciones por las que recibieron «jugosas plusvalías» en comparación el capital invertido inicialmente, según Anticorrupción.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Tomás Herranz concluye que el exviceconsejero de Economía y secretario general de esa Consejería entre 2003 y 2011, Rafael Delgado, era el ingeniero de la trama. Quien, siguiendo instrucciones del fallecido consejero de Economía, Tomás Villanueva, y junto con el también acusado Ricardo Bravo, responsable de Iberdrola, exigía ilegalmente a los promotores «cuyos parques poseían visos de obtener la autorización» que facilitaran la participación en el proyecto de empresas locales, con las que actuaba en connivencia, «bajo amenazas de no obtener la autorización».

Así las cosas, tras años de testificales, recursos y autos, en noviembre de 2021 el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid acordaba la apertura de juicio oral contra 17 excargos de la Junta y empresarios -16 acusados por la Fiscalía- por posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal, en distintos grados de imputación.

Las penas solicitadas por la Fiscalía para los acusados suman en su conjunto 129 años y superan los 800 millones en indemnizaciones. La mayor de ellas, 42 años y 239 millones, la solicita para Delgado. Mientras que el también ex alto cargo de la Junta Andrés Martín Paz, al frente de Deportes durante los hechos investigados, se enfrenta a seis años de prisión y 10 meses de inhabilitación.

En el capítulo de directivos y empresarios, Alberto Esgueva y su socio en Cronos Global, José Martín Giraldo, suman penas de 24 años, 12 por cabeza. 10 años y medio solicita el fiscal para el abogado Jesús Rodríguez, considerado el testaferro de Delgado. Siete para el también empresario César Hernández Chico. La más recurrente, seis años, la pide para el bloque conformado por Francisco Esgueva, los hermanos Llorente (Patricio, Alejandro y Miguel Ángel), Ricardo Bravo, Rafael Icaza y Pedro Barriuso. Cuatro en el caso de María del Mar Moreno, ex mujer de Alberto Esgueva.