La Junta solo incrementará en 38 plazas las actuales 114 camas sociosanitarias para convalecencia

Y tal incremento, aunque el documento no especifica el punto de partida, está estimado sobre la dotación actual, las 114 camas sosiosanitarias con las que cuenta la comunidad, tal y como aclara la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Supone, por lo tanto, que se aumentarán en solo 38 plazas los recursos actuales, es decir, en 30 camas menos que lo que, en 2018, se había ya pactado en el Acuerdo del Diálogo Social sobre dependencia y que nunca se cumplió. Tal convenio recogía la creación de nuevas unidades de convalecencia sociosanitaria «para atender a las necesidades crecientes en este ámbito prestacional». Añadía que «estas plazas se gestionarán con las residencias públicas de la Gerencia de Servicios Sociales de manera prioritaria y, si no fuera posible, por el grado de ocupación, se llevarán a otras administraciones y a la acción concertada, garantizando siempre que las instalaciones; así como los medios técnicos y humanos reúnen las características necesarias para poder prestar una atención adecuada a las necesidades sociales y sanitarias del paciente». Literal también y recogido de nuevo, a finales de 2019, en un acuerdo con Sacyl. Además establecía el compromiso de aumentar el 60% las plazas, a un ritmo del 20% cada año desde 2018 a 2020, es decir, que tendrían que haberse incrementado ya en 68 plazas. Pero no hay ni una más de aquellas 114. Solo hace unos días, se anunciaban las obras para crear una unidad de 11 camas en la Residencia Asistida de Salamanca para tal fin.

Hasta hace unos años, lo más habitual era que el ingreso hospitalario de estas personas se prolongara hasta su completa recuperación para poder volver a su casa. Esto provocaba que los hospitales cuidaban, más que atender clínicamente, la recuperación de pacientes que necesitaban una respuesta asistencial más por causas sociales y por falta de adecuación de sus domicilios que por una justificación médica. Esto supone un gasto para el sistema sanitario no solo altísimo sino absurdo porque no se corresponde con las necesidades del afectado. Según estimaciones sanitarias, una cama de hospital cuesta 420 euros cada día; además de crear problemas de ocupación. Este mismo ingreso, pero sociosanitario, baja a poco más de cien euros y para Sacyl supone, según convenio, solo 35 euros por día. Por ello, la Junta –fue un acuerdo entre las consejería s de Familia y de Sanidad– puso en marcha la creación de unidades sociosanitarias como una forma además de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y, además, ofrecería al paciente convaleciente un entorno en realidad mucho más adecuado.

Sin embargo, la falta de desarrollo y de cumplimiento de acuerdos ha provocado dos problemas para el usuario. Por un lado, lo que antes era gratuito para el bolsillo del ciudadano, no para los presupuestos públicos claro, se convertía así en un copago en función de la renta dado que el funcionamiento es el de cualquier plaza residencial. Junto a este problema está el de una alta demanda con una bajísima oferta. Con solo 114 camas para nueve provincias siempre están ocupadas; pero al paciente ya no se le permite seguir en el hospital si no hay causas médicas que lo justifiquen. Personas solas, sin hogares adaptados a su dolencia por ejemplo tras una cirugía que afecte a su movilidad o necesidad de reposo, sin medios en definitiva... se ven abocadas o a volver a un domicilio sin cuidador ni un entorno seguro o a pagarse una residencia. En este último caso puede recurrir a ayudas; pero obviamente tardan más de medio año, como las de Dependencia, en gestionarse y conseguirse, por lo que depende solo de su capacidad económica y de cuanto puedan los ahorros costear una plaza residencial asistida y con rehabilitación. Es decir, que salen del hospital sin un centro de continuidad asistencial que necesita al día siguiente. Tal y como lo denuncia la Plataforma Social de Valladolid.

Así, cuando recibe el alta tras una cirugía de Traumatología, que es lo más habitual y más incapacitante temporalmente, pero también con otras patologías, al paciente se le indica que requiere cuidados especializados o al menos compañía; pero muchas personas carecen de ambas posibilidades.

La realidad es que, aunque no hay un registro de demanda ni por lo tanto lista de espera como tal porque no se acredita, no hay camas cuando se necesitan, siempre están ocupadas y los trabajadores sociales de los hospitales fuerzan una salida costeada por el propio paciente y aceptada por él, generalmente de mucha edad y no siempre con una cabeza perfectamente lúcida, pensando que no hay alternativa. Sin plazas ni registro, cuando no hay libres no se tramita y tampoco se constata por lo que se desconocen las dimensiones reales del problema. Tal y como lo denuncia la Plataforma Social de Valladolid.

La Consejería de Familia ha reconocido siempre que son escasas y que nunca hay libres. Incluso que se trabaja con diputaciones y ayuntamientos para convertir algunas de sus camas en sociosanitarias para convalecencia; pero como ya tienen una altísima ocupación no hay recursos para transformarlos en esta dotación.

Familia y Sanidad anunciaron a finales de 2013 que, al año siguiente, Castilla y León dispondría de sus primeras 127 camas para recuperarse tras el alta hospitalaria bajo dichas peculiaridades sociales y una comparecencia en las Cortes de abril de 2014 comprometía 140 para el año 2015. El citado convenio de colaboración entre ambas firmado en 2019, cinco años más tarde del primer anuncio, recogía solo las 114 ya a la baja, en toda la comunidad que hay en la actualidad.

Además no todos los centros privados cuentan con unidades específicas para este fin cuyo coste ronda o supera los dos mil euros generalmente.