Castilla y León

La Junta presume de servicios públicos y defiende la validez de su «blindaje» por ley

La ley aprobada esta semana dicta que para modificar aspectos esenciales de los servicios públicos, como el cierre de un centro educativo o de un centro sanitario, la Junta debe trasladarlo a las Cortes. Allí se someterá a votación. Y luego será la Junta, en Consejo de Gobierno, la que decida qué hacer.

A Carriedo le preguntaron si eso quería decir que la votación de las Cortes sería vinculante. Si el Consejo de Gobierno de la Junta acataría la votación del parlamento autonómico, donde ahora el PP está en minoría. «La Junta cumplirá la ley», dijo. Lo repitió del derecho y del revés en varias ocasiones. Y le reformularon la pregunta otras tantas veces. ¿Obedecerá lo que salga de la votación? «Es una ley de obligado cumplimiento para la Junta y claro que la vamos a cumplir.»

¿Y qué dice la ley? Pues lo siguiente: «A la vista del resultado del debate y de la votación de la propuesta de supresión, la Junta de Castilla y León decidirá, mediante acuerdo, sobre la supresión del centro o zona». Es decir, que la votación, sea cual sea el resultado, no obliga a la Junta a hacer caso a las Cortes.

Hay un poso de ambigüedad en algunos artículos que las enmiendas, rechazadas casi en un 95%, apenas han remedado. Francisco Igea criticaba, por ejemplo, el texto que decía «se garantiza que los servicios autonómicos esenciales mantendrán el volumen global de prestación en cada provincia de la Comunidad de Castilla y León, efectuándose una nueva implantación de ese servicio igual o similar en dicho ámbito territorial». Porque es poco preciso respecto a los ámbitos de actuación. Si se suprime un centro de salud en una provincia, bastaría con poner otro centro de salud en la misma provincia. Aunque sus entornos sean radicalmente distintos.

Consciente de las quejas recibidas, Carriedo decidió enfocar el asunto por un punto de vista más positivo y apoyado en el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. «Castilla y León es comunidad autónoma que más porcentaje de su presupuesto destina a gasto social, educación, sanidad y servicios sociales. 7 puntos por encima de la media nacional, que es del 58,4%. Incluso incluyendo PAC, gastos financieros y todo el resto del presupuesto estamos a la cabeza. Para la Junta de Castilla y León, la calidad de los servicios públicos es una prioridad», explicó.

Y eso le sirvió al portavoz de la Junta para atacar al Gobierno y defender las políticas propias y de otros ejecutivos autonómicos del PP. Primero, con la financiación autonómica, asunto que se ha convertido en caballo de batalla de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el concierto catalán, pero en el que existen también discrepancias entre territorios 'amigos'. Hay que tener en cuenta que, sociológicamente, Castilla y León está más cerca de la socialista Castilla La Mancha que de la popular Comunidad Valenciana. «Tenemos infrafinanciación, pero hacemos un buen uso de ese dinero destinando los recursos donde más importan. Por eso defenderemos el carácter de igualdad, equidad y justicia que debe tener la financiación autonómica», señaló Carriedo. Y no perdió ocasión de recordar que este miércoles «todos los grupos menos uno apoyaron la financiación justa entre las comunidades autónomas». Se refería a la abstención del PSOE en una proposición no de ley del PP sobre las consecuencias del acuerdo PSOE-ERC. El resto del hemiciclo presente votó a favor.

Y de paso defendió la política de rebajas de impuestos que, según añadió, no tiene efectos negativos en la prestación de los servicios esenciales a tenor de lo reflejado en el citado informe. «Castilla y León tiene el mejor tratamiento fiscal a la vivienda. Hay partidos que critican que hemos bajado los impuestos, tenemos la mejor política fiscal de acceso a la vivienda. En el impuesto de transmisiones patrimoniales para jóvenes en el medio rural, donde otros pagan 15.000 euros, en Castilla y León solo pagan 15 euros», ejemplificó.