Las instituciones de control de Castilla y León recuperarán la autonomía de gestión que perdieron en 2013

Estos organismos perdieron su autonomía de gestión en 2013. El Gobierno de Juan Vicente Herrera, ahora consejero nato del Consejo Consultivo, concentró el grueso de la gestión interna en una secretaría adscrita a las Cortes que perseguía ahorrar gastos. Eso generó disfunciones iniciales, por ejemplo, en el intento de unificar unos sistemas informáticos que, en el caso del Consejo de Cuentas, requerían más versatilidad, dado que ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades rinden balances a través de su plataforma informática.

El cambio ha socavado, a medida que han pasado los años, la gestión de las plantillas. Los responsables de estos organismos pasaron de tener autonomía de gestión de personal a depender de esa secretaria adscrita a las Cortes, pero con las condiciones laborales y retributivas de la Junta, sensiblemente peores que las de la plantilla del Parlamento. Los asesores que investigan las quejas al Procurador del Común perdieron entre 700 y 800 euros al mes al relevar el actual, Tomás Quintana, a Javier Amoedo, su predecesor, y hasta mayo de 2019 no se han reconocido trienios a este personal eventual. Lo mismo ocurrió en los dos consejos con la entrada en vigor de la reforma de 2013. Los letrados y auditores de esa época consolidaron un plus personal que no reciben los que se han incorporado con posterioridad. El trabajo que desarrollan es de alta especialización y muy cotizado, en el caso de los asuntos jurídicos de contratación y fiscalización, dentro y fuera de la Administración.

«Que el Consejo Consultivo asumiera funciones de Tribunal de Recursos Contractuales fue un acierto, por austeridad y porque hay un hilo conductor jurídico, pero se realizó a coste cero y el aumento de trabajo que se ha producido es bestial», explica su presidente, Agustín Sánchez de Vega. Este órgano precisaría, al menos un letrado más en plantilla, añade. Con sede en Zamora, informan con carácter previo los proyectos de normativa para garantizar que esas regulaciones se atienen a derecho y dictaminan las reclamaciones económicas contra las administraciones por daños. Como tribunal contractual aborda conflictos en adjudicaciones, concesiones y contratos públicos y los resuelve en un promedio de 25 días: en los últimos cuatro años, alrededor de 550 casos con repercusión económica para las empresas y para la prestación de servicios públicos.

Tomás Quintana, Procurador del Común, alerta del trabajo creciente que afronta en su vertiente de Comisionado para la Transparencia. El departamento asumió esa función sin aumentar plantilla y la reforma de la normativa que prepara la Junta implicará un mayor número de administraciones sometidas a obligaciones y sobre más materias. Eso requiere intensificar la vigilancia. Además, se quiere articular un proceso de mediación, previo a la reclamación de los ciudadanos cuando se les deniega una información solicitada. «Eso supone una actividad hasta ahora desconocida y necesita de recursos materiales y humanos desde el minuto cero», esgrime Quintana.

El Consejo de Cuentas, con sede en Palencia, lleva años arrastrando dificultades para cubrir las plazas más especializadas por el régimen retributivo y laboral. Mario Amilivia, presidente del órgano fiscalizador, reivindica para la plantilla las condiciones del personal de las Cortes. «Buscamos que las plazas sean más atractivas y que no pueda ocurrir lo que ocurrió en el pasado, que alguna se quede sin cubrir», apunta.

El vicepresidente de la Junta, que ha conocido esta situación de primera mano en una ronda de visitas institucionales, reconoce que son planteamientos razonables y avanza que en unos meses habrá cambios normativos.