Las empresas de Castilla y León afrontan la escalada de la inflación con un endeudamiento récord

A 31 de octubre de 2021, la Línea de Avales Covid-19 de hasta 100.000 millones de euros articulada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través del ICO ha avalado 51.679 operaciones presentadas por 31.586 empresas de la comunidad. El importe total avalado es de 3.641 millones de euros, que han permitido a las empresas recibir 4.699 millones de financiación con los que garantizar su liquidez, cubrir sus necesidades de circulante y, por ende, salvar su actividad y sus plantillas.

A la vez, la sociedad de garantía recíproca Iberaval y el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León han facilitado desde que comenzó la pandemia del coronavirus hasta el pasado agosto 3.461 operaciones con algún tipo de bonificación, lo que ha permitido a otras tantas empresas disponer de financiación por 334 millones.

Ambos organismos han desplegado avales que han permitido a los bancos inyectar más de 5.000 millones en vena a las empresas.

Hay que tener en cuenta que Castilla y León tiene 67.323 empresas inscritas en la Seguridad Social con trabajadores y actividad.El INE, por su parte, con datos del Registro Mercantil, contabiliza 160.199 empresas, de las que 88.237 carecen de asalariados.

Con los costes del transporte disparados, los de las materias primas por las nubes y los de la energía aún más allá, las sociedades mercantiles se encuentran ahora ante el dilema de trasladar los incrementos que sufren a sus precios, con los riesgos que entraña en un contexto de presión competitiva, o asumirlos en unos márgenes que en no pocos casos están ya maltrechos.

La Autoridad Bancaria Europease sumaba la pasada semana al Banco de España a la hora de alertar del peligro de impago en los créditos concedidos por el ICO durante los peores meses de la pandemia, en los que el Estado asumía entre el 60% y el 80% del riesgo. El instituto emisor cifra el porcentaje de préstamos vinculados a moratorias vencidas con signos de deterioro crediticio en España en el 20% para los préstamos en vigilancia especial (aquellos que no presentan aún impago pero sí los primeros síntomas). En total, calcula que existen 93.000 millones con probabilidad de convertirse en morosos: unos 58.000 millones corresponderían a empresas de los sectores más afectados y los otros 35.000 millones, a familias.

Al cierre del segundo trimestre, la deuda del sector privado aumentaba a nivel nacional el 1,8% con respecto al año anterior. Tanto las empresas como los hogares contribuyeron al aumento, pero según detalla el Banco de España, las sociedades no financieras lo hicieron con más intensidad, ya que aumentaron desde 933.000 millones a 961.000, con lo que alcanzaron el 82,8% del PIB (si se incluyese la deuda interempresarial, la ratio sería del 106,4 %).

La inflación se situó en noviembre en el 5,4% a nivel nacional, mientras que en Castilla y León se encuentra aun más descontrolada, en el 6,1% en octubre.

Con este escenario, a final de año concluye la moratoria de la obligación de presentar concurso de acreedores a las empresas asediadas por la insolvencia, así como la suspensión extraordinaria de la petición de concursos necesarios por parte de los acreedores. En lo que va de año, hasta octubre, son 150 las empresas de la comunidad que han solicitado concurso, el 66,6% más que en el mismo lapso de 2020. El incremento a nivel nacional es del 41%, según los datos recabados en Axesor an Experian company, que detalla que comercio, construcción, hostelería e industria manufacturera son las actividades que acumulan un mayor número de concursos de acreedores, casi el 61% del total.

El estudio señala que, pese a continuar con cifras muy elevadas, la hostelería registra una caída de casi 25 puntos porcentuales en el crecimiento acumulado del número de insolvencias. Otros sectores que ven cómo se ralentiza el aumento de los concursos de acreedores son las actividades financieras, información y comunicaciones e industria manufacturera.

El endeudamiento, vital a la hora de acometer algunas inversiones o proyectos, así como para salvar situaciones de dificultad excepcional, puede tener un coste fatal si el deudor cae en una situación de vulnerabilidad ante un cambio de tendencia en los tipos de interés, si persiste la subida de los precios o se alarga la incertidumbre pandémica y se producen alteraciones en los flujos de renta previstos.

El 90% de las empresas que han recurrido al ICO pertenecen a autónomos o son micropymes de menos de 10 empleados. El 75% de las operaciones se destinaron a garantizar nuevos préstamos que, en su mayor parte, son a un plazo superior a los cuatro años. El ICO ha establecido un plazo de carencia para sus avales hasta marzo de 2022.

Los sectores que más han recurrido al instituto oficial son el del turismo, ocio y cultura, con 130.127 empresas a nivel nacional; la construcción e infraestructuras, con 67.547; los servicios empresariales, profesionales y administrativos, 65.486, los bienes de consumo y retail, con 59.615, y la distribución comercial de alimentos y bebidas, con 41.991.