Jueces y abogados vinculan la calidad de la Justicia a superar el mapa de partidos judiciales

Ignacio Rafols y Victoria Ortega, ante la Sala Junco, sede del foro de El Norte en Palencia. /
Ignacio Rafols y Victoria Ortega, ante la Sala Junco, sede del foro de El Norte en Palencia.

La presidenta del Consejo de la Abogacía de España, Victoria Ortega, desvela en el foro jurídico de El Norte en Palencia las claves del Pacto de Estado por la Justicia que se negocia con el Gobierno

M. J. PASCUAL

El Día de la Mediación,18 de enero, Palencia se convirtió en la capital judicial de la Comunidad. La presidenta del Consejo que representa a los 150.000 abogados en ejercicio de España, Victoria Ortega, escogió ayer su provincia natal y el Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander para desvelar por dónde van los tiros del Pacto de Estado por la Justicia, o lo que el ministro Rafael Catalá prefiere llamar «Estrategia de Estado». Porque la Justicia tiene que ser cuestión de Estado «y de reivindicación», puntualizó Ortega, a la misma altura de la sanidad o la educación. Con todos los estamentos judiciales muy de acuerdo en el diagnóstico, se trata ahora de consensuar y blindar un armazón de mínimos, gobierne quien gobierne, que mejore la calidad del servicio y termine con la mala percepción que tiene el ciudadano. Aludió Ortega a la última encuesta encargada por la Abogacía a Metroscopia: «el 81% de los ciudadanos consultados opinan que los gobiernos muestran más interés por

controlar la Justicia que por mejorarla».

Los juristas vinculan esa mejora a que el Gobierno «afronte el reto» de la reorganización del mapa judicial. El pacto tiene que ir más allá, señaló el presidente de la Audiencia de Palencia, Ignacio Rafols, de la incontinencia legislativa «poco reflexionada» de los últimos años. Hay que hablar de un presupuesto serio porque, subrayó gráficamente el magistrado, «si se va al campo hay que ir preparado para mancharse de barro, aunque a los jueces no nos guste hablar de dinero». Una reforma judicial seria necesita consignación económica seria, y el Ministerio de Justicia ha sido, tradicionalmente, la Cenicienta presupuestaria de todos los gobiernos del bipartidismo.

Sin plazos

De los 34 puntos del documento «por el futuro de la Justicia» presentado por la Abogacía al Gobierno, reconoció Victoria Ortega que hay perspectivas más halagüeñas para que prosperen unas reivindicaciones antes que otras. Cree la ponente, después de su entrevista con el ministro, que «aunque no se habla todavía de plazos» es factible que en esta legislatura salga adelante «con cierta celeridad» la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (que contempla, entre otras propuestas controvertidas, el liderazgo del fiscal en la instrucción de los delitos). También el anteproyecto de la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, una propuesta de la que son abanderados los propios abogados. Lo que parece que no está en la agenda es la reorganización territorial y la especialización, aunque sí que la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado en diciembre pasado una proposición para que se reforme la Ley de Demarcación y Planta Judicial y se retome el proyecto de los tribunales de instancia.

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Para Victoria Ortega, «hay que superar la distribución de los partidos judiciales y hacer frente al asunto de la planta de forma consensuada y definitiva, decidida, para que dure». Los abogados son partidarios de que se creen los tribunales colegiados, «unos tribunales de base o de primer grado para resolver los conflictos más comunes, con una distribución territorial que no perjudique a nadie, porque la especialización es fundamental».

Jueces de paz

A la pregunta del moderador, Eloy de la Pisa, jefe web del diario, respecto a la propuesta de la sustitución de los jueces de paz de los pueblos por oficinas judiciales en esa reorganización territorial de la Administración de Justicia, la letrada puntualizó que la reforma no tiene por qué ser idéntica a la propugnada por la comisión institucional que se creó en 2013 de la mano de Alberto Ruiz-Gallardón. «Puede ser perfectamente compatible con juzgados de base, sin necesidad de tener que venir a Palencia capital para todo. La cercanía de la Justicia no significa que haya un juez en cada pueblo, con las tecnologías. Y, respecto de los jueces legos, tuvieron un sentido en su tiempo e hicieron una labor importante». Coincide con los jueces en que «dada la legislación actual, y que solo se han quedado con materias relacionadas con el registro civil, la figura carece hoy de sentido».

El presidente de la Audiencia palentina coincidió con la presidenta del Consejo de la Abogacía de España en que, en todo caso, «es imprescindible afrontar el reto de la Ley de Planta y superar el concepto de las audiencias mixtas, que lo mismo ponen una sentencia penal que ven una demanda por cláusula suelo. Hay que ir a la especialización, lo que conllevaría mayor seguridad jurídica y la optimización de recursos económicos».

La capital salmantina acogerá la próxima sesión del Ciclo, que contará con el patrocinio del Banco de Santander, los Registradores y Nova Center, así como la colaboración del TSJ, los Colegios de Abogados y Procuradores y las Universidades de Valladolid y Salamanca.

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