Rafael Catalá abordará en El Norte el reajuste legislativo del Gobierno

Le ha tocado bailar desde septiembre de 2014 con la cartera más fea y de escasa dote del Gobierno y en solo siete meses ha tenido que decir más de tres veces Diego donde el Ejecutivo del Partido Popular dijo digo. Sobre todo, en lo que se refiere a tres de las leyes más controvertidas de la que iba a ser, hace tres años, la reforma judicial más ambiciosa de la historia democrática de España pilotada por Alberto Ruiz-Gallardón. Rafael Catalá ha sido desde el minuto uno de su toma de posesión exceptuando, esta misma semana, sus desafortunadas declaraciones sobre la posibilidad de prohibir las filtraciones judiciales a los periodistas, que han hecho saltar las alarmas en los medios de comunicación el dialogante apagafuegos del Gobierno en todos los frentes abiertos por Gallardón, que tenía soliviantados a los colectivos judiales, con y sin toga.

Efectivamente, la revolución para modernizar la Administración de Justicia se quedó en pólvora quemada desde el momento en que Ruiz-Gallardón lanzó un órdago a su partido sobre la Ley del Aborto y lo perdió. Junto con la marcha atrás en la Ley de Tasas y, ahora, con la frustrada desjudicialización del Registro Civil, que entra prácticamente en el limbo por el desacuerdo con los registradores sobre la financiación del servicio, la gran revolución judicial de la legislatura se queda descafeinada. Lo que sí sale adelante la enésima reforma del Código Penal, con el endurecimiento de las penas, por ejemplo, para los delitos ecológicos y de incendios forestales, y la introducción de la denominada prisión permanente revisable que, para los sectores progresistas, no es más que una cadena perpetua maquillada, si bien no dejan de reconocer que la medida, dirigida a impedir que los penados con delitos más graves (asesinato, terrorismo) vuelvan a las andadas cuando salgan de prisión, tiene un gran respaldo popular.

Porque, además, la mayor reivindicación de los jueces y la esperanza de los fiscales, que es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento, el denominado nuevo Código Procesal Penal, será difícil que pueda abordarse ya, por no hablar de la reorganización de la decimonónica planta judicial. Al final, y así se lo reconocen a Rafael Catalá, en lo que queda de legislatura se habrán puesto las bases para mejorar la fontanería de la Administración de Justicia, especialmente en lo que se refiere al hermanamiento de los sistemas informáticos, todavía hoy incompatibles. Y, aunque también se cuestiona que el objetivo de papel cero en los juzgados pueda cumplirse el 1 de enero de 2016, se toma como una declaración de intenciones del Ministerio que, parece, no tendrá marcha atrás.

Coloquio

Rafael Catalá expondrá, el próximo miércoles 6 de mayo, todo este reajuste legislativo y las pretensiones del Gobierno para lo que queda antes de las elecciones generales en materia judicial en el Colegio de Abogados de Valladolid, sede del foro jurídico de El Norte, que en esta tercera edición se ha desarrollado bajo el epígrafe general de El papel de la Justicia en la regeneración democrática. El ministro presidirá el acto, que estará conducido y moderado por el subdirector del periódico, Ignacio Foces. Catalá, tras su intervención, responderá a las preguntas del público asistente al coloquio.

Durante la sesión, programada para las 17:30 horas, también se dará lectura a las conclusiones de este tercer foro, que fue inaugurado el pasado 5 de noviembre por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Este curso judicial se han desarrollado cinco mesas de debate con el patrocinio de Registradores de Castilla y León y la colaboración de los Colegios de Abogados y Procuradores, la Universidad de Valladolid y la Miguel de Cervantes (UEMC)y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.