El gran atasco en los juzgados de lo social llega al debate de El Norte
La magistrada del Supremo María Luisa Segoviano desvela este martes 14 de abril si la remontada de la crisis comienza a notarse en esta jurisdicción
M. J. Pascual
Martes, 14 de abril 2015, 11:54
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apostado desde primeros de año por reforzar los juzgados de lo Social y lo Mercantil de Valladolid, pero también de toda Castilla y León, para tratar de atajar el gran atasco que existe en esta jurisdicción. Así lo señalaron los vocales del CGPJ adscritos al territorio, Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández, tras su última reunión con el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJ mantenida en Valladolid. Debido a la crisis, se ha registrado en los últimos años un aumento exponencial de la actividad en la jurisdicción Social y en la Mercantil, una situación que hace urgente el refuerzo en estos juzgados, los únicos, del conjunto de las jurisdicciones, que hasta 2014 no han visto reducir sensiblemente el volumen de asuntos, según se desprende de la última estadística sobre los efectos de la crisis en los juzgados publicada por el Consejo en marzo pasado.
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A pesar de que desde el Gobierno se insiste en que la economía empieza a levantar cabeza y que el paro se reduce, los más de seis años de profunda crisis económica y sus consecuencias directas, como la elevada tasa de desempleados, los expedientes de regulación de empleo (ERES) y el cierre de empresas han hecho que los juzgados de lo Social de toda España hayan sufrido especialmente los efectos de la acumulación de trabajo, aunque los de Castilla y León estarían situados en la mitad de la tabla de las comunidades autónomas.
En descenso
Según el último informe de la sección estadística del CGPJ, en 2014 el número de demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social fue de 118.213, lo que representa un descenso del 19,5% respecto a las 146.796 presentadas el año anterior. Por territorios, Madrid encabeza la tabla, con 22.251 demandas por despido, el 18,8% del total, seguida de Cataluña, con 20.704, y Andalucía, con 18.749.
En Castilla y León se presentaron 5.629 demandas por despido durante el pasado año, frente a las 7.409 planteadas en 2013, lo que significa que es la bajada más importante en el volumen de asuntos desde 2011, aunque sin llegar a descender hasta las 5.537 que se registraron en esa anualidad.
Además, los juzgados de lo Social de toda España recibieron el año pasado 132.863 reclamaciones de cantidad, lo que supone una disminución del 5,9% respecto a las 141.253 de 2013. Habría que remontarse, pues, al año 2007 para encontrar un número más bajo de este tipo de demandas.
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Catalá analizará las reformas legislativas en la clausura del ciclo
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presidirá el miércoles 6 de mayo la clausura y conclusiones del III Ciclo de Justicia, dedicado este curso al papel de la Justicia en la regeneración democrática. El titular de la cartera abundará en las últimas reformas legislativas que se pretenden completar antes de que acabe la legislatura.
La magistrada vallisoletana María Luisa Segoviano, que ejerce en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dará las claves, el próximo martes 14 de abril, en el ciclo de El Norte de Castilla, de la evolución del trabajo en esta jurisdicción y desvelará si, tal y como apuntan los indicadores macroeconómicos y se insiste desde el Ejecutivo, se ha frenado la desaceleración económica y ello se percibe en los despachos judiciales y en el volumen de asuntos que les llegan.
La ponente, que cierra la mesa del ciclo previa a la clausura de mayo, será presentada por el exmagistrado de lo Social del Tribunal Supremo y también del Tribunal Constitucional Pablo Cachón Villar.
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Licenciada en Derecho por la UVA, María Luisa Segoviano es miembro de número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid. De 1997 a 2002 presidió la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la sede de Burgos, y entre 2002 y 2006 ocupó ese mismo puesto en la sede de Valladolid. Compatibiliza su trabajo en el Tribunal Supremo con una intensa labor docente universitaria.
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