Castilla y León defenderá la permanencia de las 138 empresas llegadas de Cataluña

«Vamos a ser claramente muy beligerantes. No vamos a permitir que se amenace a empresas de Castilla y León», ha resumido el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, sobre el nuevo frente que se abre entre las autonomías y el Gobierno de la nación tras el acuerdo del PSOE con Junts que hizo posible la aprobación sobre la bocina, la noche del miércoles, de dos de los tres decretos leyes con los que se estrenó hace un mes el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. El tercero, sobre medidas laborales y redactado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, se lo cargaron los antiguos socios de Podemos.

La cifra de firmas que pasaron de tener su sede en la comunidad catalana a estrenarla en Castilla y León es del Registro Mercantil y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado tras el Consejo de Gobierno de este jueves que los Servicios Jurídicos autonómicos están a la espera de ver normativamente cómo se concreta el anuncio de Junts per Catalunya de que el Gobierno ha accedido a la pretensión de los de Carles Puigdemont de incentivar el retorno de las empresas que huyeron la comunidad durante el 'procés' e imponer penalizaciones a las firmas que no estén por la labor de emprender el camino de vuelta hacia Cataluña. Una vez que se plasme en regulación oficial, Castilla y León recurrirá ante el tribunal competente.

El Gobierno de la comunidad perfila la estrategia a seguir. El presidente Alfonso Fernández Mañueco trasladó a media mañana, a través de un vídeo en sus redes sociales (en 'X', antes Twitter) que Puigdemont tenía a Pedro Sánchez «atado de manos» y exigía, al igual que el resto de dirigentes autonómicos del PP, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para recabar información sobre los acuerdos entre el PSOE y Junts que afectan al resto de comunidades. Poco después, el portavoz de la Junta profundizaba en las críticas a los socialistas y al Gobierno de Sánchez. Cada vez que Carriedo mencionó al presidente de la Nación lo hizo uniendo su nombre al de Carles Puigdemont, equiparando al socialista y al independentista en un tándem entre iguales. Lo hizo una, dos, tres veces...

Carriedo afeó a los socialistas que la única información al respecto llegue de una nota emitida por los independentistas. «El Gobierno calla», remarcó el consejero portavoz. «Castilla y León está entre las comunidades en las que el Gobierno plantea favorecer que las empresas se vayan», añadió el dirigente autonómico. Todo ello, gracias a una «cesión» a los independentistas que se traduciría en «cambiar las reglas del juego y privilegiar a alguna comunidad. Y privilegiar a unas es perjudicar a otras», continuó Fernández Carriedo, que acusó al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar de «tomar partidos por unos territorios contra otros».

Así las cosas, el portavoz explicó que la Junta actuará en dos frentes. Uno, el de la promoción económica, incidiendo en medidas y planes que hagan de la comunidad un territorio «amigable» para el establecimiento de empresas como estas 138 llegadas de Cataluña y a las que «nadie obligó a venir». La otra líneas será la judicial e implicará recurrir ante los tribunales cualquier regulación o normativa que plasme incentivos exclusivos para el regreso de empresas a tierras catalanas o penalizaciones y coacciones para las que se resistan a emprender la vuelta.

Carriedo apeló a la libertad de las firmas para decidir dónde se ubicar su sede social. Sobre esas 138 que se trasladaron desde Cataluña, el consejero entiende que el «deseo» de sus gestores es «quedarse en Castilla y León, para eso vienen aquí. Nadie les obligó a venir... Aquí tienen un clima favorable a la inversión y lo que decimos nosotros es que nadie condicione su estancia aquí».

En Castilla León han encontrado esas 138 firmas, «y las que quieran venir», a juicio del titular de Economía y Hacienda, «un gobierno amable». En contraposición, según el razonamiento de Carriedo a los que «crean inestabilidades, inseguridades, advertencias, amenazas hacia las empresas, desigualdades entre territorios viene a crear, en definitiva, inseguridad y no hay peor enemigo de las inversiones que la inseguridad y la inestabilidad».