52 cargos de Castilla y León tienen silla en la dirección del Partido Popular
La burgalesa Sandra Moneo, entre los diputados que piden la destitución de Teodoro García Egea, mientras el grueso de la delegación convocada a la Junta Directiva del lunes, que encabeza Alfonso Fernández Mañueco, opta por el mutismo
Las citaciones para participar en la Junta Directiva del Partido Popular del próximo lunes -que decidirá si la crisis abierta por el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso culmina o no con un congreso extraordinario que releve a la actual dirección nacional- llegarán a 52 dirigentes del partido en Castilla y León. El mutismo entre buena parte de estos dirigentes es absoluto, en un momento en el que, además, el máximo responsable del partido en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, entabla una negociación para gobernar la Junta en la que el reparto de escaños del 13-F convierte a Vox, más que en socio preferente, en única opción de estabilidad.
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Alfonso Fernández Mañueco encabezará, como presidente autonómico, una delegación en la que el grueso del contingente está formado por los senadores y los diputados de Castilla y León. Son los que 'curran' en Madrid, alguno incluso con residencia de hecho en la capital de España. Una parte de estos parlamentarios que viven el día a día político en clave nacional salieron en tromba en apoyo de Pablo Casado y su secretario general, Teodoro García Egea, cuando la semana pasada reventó el conflicto. Entre ellos destacan los cuatro representantes de Valladolid (Mercedes Cantalapiedra, José Ángel Alonso, Eduardo Carazo y Alberto Plaza); el portavoz en el Senado, el vitoriano Javier Maroto, que ocupa uno de los escaños que designan las Cortes Castilla y León, y dos exconsejeras de la Junta y ahora diputadas como son Alicia García y Milagros Marcos.
Otro amplio grupo no se pronunció entonces y mantiene esa estrategia 'suiza' de no posicionamiento en la actualidad. Son mayoría. En este están Antonio Silván, compañero en la Junta de las dos anteriores, los parlamentarios burgaleses o presidentes provinciales que a la vez tienen escaño en el Senado como el leonés Javier Santiago o la segoviana Paloma Sanz Jerónimo. De este último pelotón empiezan a salir integrantes abiertamente críticos. Es el caso de la veterana diputada por Burgos Sandra Moneo, que es una de las que han firmado un documento en el que reclaman la destitución de Teodoro García Egea.
A esos 24 senadores y 13 diputados que el PP de Castilla y León sienta en los hemiciclos nacionales, se suman en el camino a la Junta Directiva del lunes, los presidentes de diputación y los presidentes provinciales del partido, que en algunos casos coinciden en la misma persona. Por este 'tercio' se desplazarán a Madrid el abulense Carlos García, los burgaleses Borja Suárez y César Rico; el leonés Javier Santiago estaba ya como senador; la palentina Ángeles Armisén, el segoviano Miguel Ángel de Vicente (acompañará a Paloma Sanz, que ya estaba como senadora); el salmantino Javier Iglesias, el soriano Benito Serrano, el vallisoletano Conrado Íscar y el zamorano José María Barrios, que también ocupa un escaño en el senado. La mayoría de estos cargos son de la confianza total de Alfonso Fernández Mañueco o han cerrado filas con él a medida que avanzaba la legislatura y pasaban los congresos provincial y una parte ha vivido tensiones con Teodoro García Egea en esos procesos internos.
A ese órgano, decisivo en esta ocasión para el futuro de los populares, acuden los alcaldes de capitales de provincia. El único que tiene el PP en Castilla y León es Carlos García Carbayo, el de Salamanca. También está citado el portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, y los responsables de Nuevas Generaciones. El presidente es Eduardo Carazo, que ya va como diputado por Valladolid, que estará acompañado por Cristián Antón y Ramón Sagardoy. Cierra la delegación autonómica el secretario del PP de Castilla y León, segundo de Alfonso Fernández Mañueco a los mandos del partido en la comunidad, que es el segoviano Francisco Vázquez.
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Y en medio de ese escenario en el que la mayoría de dirigentes calla y se ha 'borrado' del mapa a la espera de ver qué cauces toma el conflicto, el presidente provincial más claro pidiendo un congreso extraordinario ha sido el burgalés Borja Suárez. Y el dirigente, al margen de esa Junta Directiva, que ha cuestionado con mayor contundencia el proceder de Casado y Egea y que se declara abiertamente partidario de Alberto Núñez Feijóo es el exvicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juaréz.
El reglamento del Partido Popular establece que la celebración de un congreso extraordinario «exige debate previo, fijado en el Orden del Día de la Junta Directiva correspondiente y resolución final de convocarlo adoptada por la mayoría de dos tercios de los componentes de aquella». En los Congresos Extraordinarios no será obligatorio el debate de ponencias. El plazo mínimo que habrá de mediar entre la fecha de la convocatoria y la de celebración será de mes y medio si se trata del Congreso Nacional.
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«El Congreso Nacional Extraordinario podrá ser convocado, en casos de excepcional urgencia, con tan solo treinta días de antelación, haciendo constar en la convocatoria el motivo de convocar y las causas que fundamentan la urgencia», recoge los estatutos populares. También que «el presidente nacional del Partido Popular, elegido por el congreso, será el candidato del partido a la Presidencia del Gobierno».
Y que en los supuestos «de dimisión, fallecimiento o incapacidad del presidente nacional, la Junta Directiva Nacional, a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, designará el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, cuando no pudiera celebrarse un Congreso Extraordinario».
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