El juez archiva definitivamente la causa por los contratos fraccionados de Economía y Empleo

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez ha informado del archivo «definitivo» del procedimiento judicial en el que había imputados nueve altos funcionarios de la Consejería de Economía y Empleo por el fraccionamiento de contratos, lo que permite en la práctica flexibilizar las exigencias recogidas en la normativa sobre contratación y reducir controles en materia de publicidad, transparencia y concurrencia a las licitaciones.

El primer sobreseimiento fue recurrido por la Fiscalía de Valladolid por entender que era «prematuro» y que podía existir prevaricación en la actuación de estos funcionarios, tres de ellos exdirectores generales de la consejería que dirige Tomás Villanueva. Ahora, según ha resaltado el portavoz de la Junta, el archivo «es definitivo» y no cabe recurso alguno. «Es bueno que se sepa», afirmó el consejero, tras valorar el anuncio del PSOE de tomar el camino judicial con la gestión del Itacyl. «A los socialistas les gusta mucho ir a los tribunales», apuntó José Antonio de Santiago-Juárez, que resaltó que la última resolución judicial ha dado la razón a los responsables de Economía y Empleo.

El PSOE pondrá en conocimiento de la Fiscalía, «con carácter inmediato», la auditoría del Consejo de Cuentas que analiza la gestión de Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) a lo largo de 2011, según ha avanzado el portavoz de Hacienda socialista en las Cortes, José Francisco Martín.

Consideran los socialistas que el amplio análisis sobre la gestión del año 2011 en el instituto autonómico que recoge el informe del Consejo de Cuentas refleja un «auténtico manual sobre la corrupción».

El presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, acudió ayer jueves, 22 de enero, al parlamento autonómico para defender el informe sobre el organismo que cuestiona las «encomiendas» de obras y servicios que le hace la Consejería de Agricultura y Ganadería al Itacyl, por entender que se utiliza esta figura de contratación para flexibilizar los trámites a los que deben ajustarse los contratos públicos. También plantea reforzar los mecanismos de control en la concesión y evaluación del riesgo de solvencia de avales y créditos a empresas y los anticipos que salen de la caja, entre otras cuestiones. La auditoría es contundente.

José Francisco Martín ha puesto en tela de juicio, tras el exhaustivo análisis de los auditores del organismo encargado de velar por el correcto empleo de los fondos públicos y la limpieza de las contrataciones, gastos pagados en restaurantes y pub.

Jesús Encabo adelantó que el Ministerio Fiscal requirió al Consejo información en octubre sobre anticipos de caja y que abrió unas diligencias que archivó en noviembre. A preguntas del procurador socialista, señaló que no encontraba indicios de «responsabilidad contable».

Por parte del PP, Daniel Sobrados defendió la gestión «ajustada a derecho» del Itacyl y puso de manifiesto que su grupo no compartía los criterios del Consejo de Cuentas. El popular achacó el origen de las recomendaciones, muchas y argumentadas por parte del organismo de control, a «meras formalidades».