El constructor acusado de una estafa a 19 clientes culpa a su abogado
Un error en la instrucción del proceso penal obliga a la Audiencia a exonerar al letrado de la promotora, que ayer abandonó libre el banquillo
J. MORENO
Miércoles, 15 de abril 2009, 02:59
El constructor Florentino P. L. culpó ayer a su abogado de la mala gestión de su empresa, Inmobiliaria Pasa, que dejó sin vivienda ni garajes a 19 clientes entre los años 1999 y 2001. Este promotor se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia de Valladolid acusado por la Fiscalía y sus antiguos compradores de un presunto delito de estafa en dos promociones que no se llevaron a término en el barrio de Delicias y San Isidro.
El acusado, de 78 años, que ha sido condenado en otra sentencia firme del año 2003 por otro delito de estafa a un año de prisión, insistió durante más de una hora en la responsabilidad de su letrado al que contrató para sacar adelante la mala situación por la que se encontraba su promotora, de la que era administrador único.
Pese a este testimonio, la Sección Cuarta de la Audiencia decidió tras casi sesenta minutos de deliberación dejar libre de cargos al abogado, que figuraba acusado por la Fiscalía por un delito de revelación de secreto, al haber comunicado en enero del 2004 al Ministerio Público los hechos relativos a la presunta estafa.
«Si se pararon las obras era porque no había financiación. Eso lo decidió mi abogado. Todas las reuniones con los afectados las realizó él. Yo he estado dos años enfermo y sin salir de casa porque me quedé paralítico, y no me enteré de nada», dijo.
El procesado negó a la fiscal que las deudas que mantenía con prestamistas fuera del círculo financiero tradicional fueran la causa por la que se desviase el dinero procedente de las aportaciones de los clientes. En concreto, los 19 afectados hicieron entregas totales por importe de 445.000 euros, y ahora el Ministerio Público reclama indemnizaciones para ellos por ese importe.
En octubre de 1999, Inmobiliaria Pasa compró un solar en la calle San José de Calasanz 13, y puso a la venta siete viviendas y 20 plazas de garaje hasta marzo del 2001. Los compradores iban dando entregas y firmando los contratos pero la obra tuvo que pararse a nivel de suelo por falta de fondos.
Según la Fiscalía de Valladolid, Florentino P. L. realizó «una gestión deficiente» y tuvo que buscar financiación a través de particulares.
«Fue mi abogado el que me dijo que intentase buscar financiación y era mucho más rápido acudir a los prestamistas», indicó, para agregar que «nunca supe nada de que el solar había salido a subasta por embargo», dijo.
Según declaró el segundo de los acusados, Luis A. H., que actuaba como intermediario y comprador de solares, «los bancos no querían financiarnos sino cambiábamos de empresa, porque ésta aparecía en una relación de morosidad del Banco de España».
Este acusado, para el que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión por la presunta estafa, negó haber sido empleado del constructor y aseguró que actuaba a comisión por los solares que proporcionaba a la promotora.
En mayo del año 2000, este intermediario abrió una cuenta en Caja de Burgos a su nombre en la que, según la fiscal, se ingresaron fondos de los compradores.
«Florentino me pidió que abriera una cuenta para cargar los recibos de la luz y agua suyos particulares. Yo me enteré luego de que se habían hecho otros movimientos cuando fui a la caja a pedir explicaciones», expresó en la primera sesión de la vista oral que se celebró ayer. Aunque uno de los testigos le señaló como la persona que informaba en la oficina de la inmobiliaria sobre los contratos, éste negó tal posibilidad ya que, dijo, «no tengo poder para hacer promesas».
Sin cargos
Pese a que el principal acusado culpó a su letrado de la mala gestión, el abogado salió ayer sin cargos de la vista antes de comenzar el juicio, en el que fiscal le pedía dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer la abogacía.
Los tres magistrados aceptaron el argumento de su defensor de que este delito de revelación de secreto debería de haberse separado del proceso de estafa, y haber sido sentenciado en un Juzgado de lo Penal y no en la Audiencia.
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