La Junta basa en un informe de la UVA sus demandas sobre financiación autonómica

¿Cuesta lo mismo poner un médico para atender a mil pacientes en una gran población que uno para dar servicio a cincuenta en una zona de montaña? Sí, en términos de salario. ¿Recibe una comunidad el mismo dinero para pagar el servicio del primero que del segundo? No, porque el reparto de la financiación autonómica atiende, en más de un 95%, a criterios de población y en el primer caso se tendrían en cuenta mil pacientes y en el segundo, a los cincuenta del médico rural, a quien hay que dotar, además, de un consultorio y medios para llegar a él, por ejemplo, con una nevada.

«Dar servicios en áreas extensas y con altos niveles de dispersión cuesta más. Es algo que sabíamos de forma intuitiva, pero que ahora queda demostrado con fórmulas técnicas», explica la consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, que quiere hacer valer en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica que se avecina el criterio de la «accesibilidad» a los servicios públicos. Del Olmo se ayudará para apoyar sus tesis de un exhaustivo informe elaborado por profesores de la Universidad de Valladolid bajo la dirección de los catedráticos Olga Ogando y Jesús Carlos Cavero. El trabajo, que la consejera va a hacer llegar al Ministerio que dirige Pedro Solbes, recoge fórmulas técnicas para evaluar la influencia de factores como la lejanía a los centros de salud o los colegios e institutos (que implica un transporte a cargo de las cuentas públicas), el número de municipios en los que se reparte la población o la edad de los habitantes -a más años, más demanda de atención sanitaria y social- en el coste real de servicios para los que la Constitución Española garantiza la igualdad de acceso, con independencia del lugar que los ciudadanos elijan para vivir.

Las conclusiones de seis meses de trabajo y el análisis de múltiples variables son rotundas. Por un lado, el equipo de la Universidad de Valladolid resalta que la población es un criterio hipervalorado en el modelo actual, aprobado en la época de Aznar. Por otro, pone la lupa sobre la «accesibilidad» y señala que «una realidad demográfica con una baja densidad poblacional y una alta dispersión de los residentes en entidades de pequeño tamaño debe interpretarse en términos de altos costes per cápita y menos eficiencia del gasto en la prestación de determinados servicios públicos».

El estudio se ha hecho sobre toda España y en dispersión de la población, Castilla y León ocupa el primer lugar y gana de largo a la segunda región, la manchega.

Los expertos en economía aplicada llegan a esta conclusión utilizando dos sistemas de medición diferentes, «lo que da más fuerza al trabajo», concluye Pilar del Olmo, que avanza que la investigación va a profundizar más en los próximos meses para encontrar fórmulas que calculen de manera certera el coste de la atención a las personas que no se valen por sí mismas, a los dependientes.