Los impuestos y el 'botellón' ahogan el negocio de las discotecas

Malos tiempos para las salas de fiestas de Valladolid. Durante el año 2014 ha continuado la caída de ingresos en este subsector de la hostelería provincial, que no solo ha proseguido la senda de la crisis económica, que ha afectado al gasto de ocio, sino que se ha acrecentado con el aumento del tipo impositivo al pasar del 10% al 21% en los dos últimos años.

La capital cuenta con una decena de discotecas, que operan en locales que, en algunos casos, tienen una antigüedad de más de cuarenta años. En todo este tiempo, los empresarios han tenido que adaptar los establecimientos a las medidas de seguridad y ruido, que tanto las autoridades autonómicas como locales han aprobado.

Según explican fuentes del sector, «estas inversiones no se han visto acompañadas con la proyección de ingresos que se estimaba, ya que la crisis nos ha afectado de forma importante». El principal problema al que ha tenido que hacer frente este gremio empresarial ha sido el aumento de más del doble en el pago del IVA que se aplica a las consumiciones.

«Por tomar un gin tonic en una cafetería el cliente tributa el 10%, mientras que si lo hace en una discoteca abona el 21%. Esta subida de impuestos, aprobada durante el mandato del ministro Montoro, nosotros no la podemos trasladar a las copas que servimos a diario, por lo que quien asumen esta diferencia es el empresario», explica José Antonio Robles, propietario de una sala en la calle de la Pasión y vocal del sector de discotecas integrado en la Asociación de Hostelería.

Pero además de la presión fiscal, los empresarios de discotecas, dicen que han tenido que hacer frente al creciente consumo por botellón que se realiza en la calle, «en algún caso con mucha tolerancia por parte de las autoridades». No creen que el precio de las consumiciones que se abonan (dependiendo de las sesiones, entre 4,50 y 7 euros la copa) sean la causa de la ausencia de clientes. «Son precios normales», apostillan.

Las fechas en las que más se factura por parte de estas salas de fiestas coinciden con las ferias patronales y el periodo navideño.

Por otra parte, José Antonio Robles recuerda que «otro de los males que está sufriendo el sector son las multas abusivas que pueden llegar hasta los 30.000 euros en supuestos donde se nos cuestiona el derecho de admisión para clientes que pueden ir bebidos, o cuando la Policía detecta la presencia en el interior de menores de edad».

Robles recuerda que pese a disponer de porteros y vigilantes, que comprueban a la entrada el DNI del público juvenil, «es fácil que se te escape uno con un carné manipulado. Sí así sucede, la responsabilidad y la sanción es para la sala».

Cierre de Mambo

La reciente clausura de la actividad en la discoteca Mambo de Valladolid, ordenada por el juez de lo Contensioso-administrativo número 4 de la capital a comienzos de diciembre pasado, ha puesto sobre la mesa la situación de estas salas. Hace más de dos años, el Tribunal Superior de Justicia ordenó otro cierre a Mambo por superar el aforo, lo que llevó a los anteriores dueños a presentar un proyecto de adaptación que se cuestiona ahora a la empresa Morvov.

«Está claro que la actividad de una discoteca está limitida por la presencia de vecinos junto al establecimiento. Unos locales los tienen cerca, y otros no. En el caso de Mambo, desde la asociación se respalda a la empresa siempre y cuando ésta cumpla con la normativa vigente. Supongo que tendrá que haber una adaptación a lo que diga el Ayuntamiento. En cualquier caso, todos debemos saber que el cierre de una discoteca perjudica al ocio de una ciudad a la larga», dice José Antonio Robles.

En el fallo de Mambo, después de analizar la demanda de la Comunidad de Propietarios de San Felipe Neri 3, y escuchar a varios peritos, que cuestionaron el sistema de ventilación y climatización de la discoteca y la protección de la escalera de emergencias en caso de incendio, el juez ha decidido la clausura de la actividad de discoteca que fue acordada por decreto de la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, el 23 de diciembre del 2011.

El juez señala además en el fallo que los gestores de la sala realizaron «obras sin licencia al haberse anulado la concedida por la Junta de Gobierno en el 2013».