El TSJ obliga al Ayuntamiento de Zamora a ejecutar la expropiación de un edificio anejo a la muralla

Trece años después de la entrada en vigor del Plan Especial del Casco Histórico Artístico de Zamora, y a instancias de particulares, el Ayuntamiento se ve obligado a retomar el proceso de expropiaciones de inmuebles anejos al lienzo para construir un parque público a la sombra de los muros medievales. Los propietarios del edificio número 11 de la Avenida de la Feria reclaman a la Administración local casi 2,6 millones de euros en concepto de indeminización expropiatoria e intereses de demora, después de que hace casi un año el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) fallara a su favor para que el Ayuntamientoejecute la expropiación forzosa que les había denegado por decreto en 2010.

«La inacción administrativa genera perjuicios», resumió el letrado Arturo Fernández-Vigil García, representante legal de la familia apelante, y en esta máxima se basa el recurso que plantearon ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ en Valladolid. De hecho, sus clientes «no han podido acometer reformas en el inmueble ni disponer de él en ningún sentido durante todos estos años porque estaba llamado a ser demolido», explicó este abogado, que es también técnico urbanista. El TSJ ha dictaminado que tiene que el Ayuntamiento tiene que fijar y cumplir un plazo para la expropiación para evitar la indefensión de los propietarios. En función de dicha sentencia, que es ejecutiva y tumba el fallo anterior emitido por la jueza de lo Contencioso de Zamora, los dueños han presentado al Ayuntamiento una hoja de aprecio sobre la finca

Mientras, los técnicos municipales están realizando una tasación del inmueble que, según indicó Feliciano Fernández, concejal delegado de Ordenación, Planificación y Gestión Urbanística, «calculan que está en menos de la mitad lo que piden los propietarios, aunque todavía no tenemos la cifra definitiva». Si no hay acuerdo entre ambas partes, será el jurado de expropiación quien fije el precio. No obstante, tanto los demandantes como las fuentes municipales consideran que aún es posible el acuerdo, vía convenio (como se ha hecho con otros tramos ya liberados, con promotoras y entidades financieras) o, indicó el letrado de los demandantes, «con la implicación de otras Administraciones con competencia en materia de patrimonio, como la Junta de Castilla y León y el Estado, que es el propietario de la muralla». No se descartan tampoco otras opciones, como la permuta.

En este caso no se trata, se apresura a subrayar el portavoz del Grupo Popular, de que no haya dinero en las arcas municipales. «Nos han sobrado tres millones: Zamora es el Ayuntamiento menos endeudado de la comunidad», se ufanó Fernández.

Un inmueble de 1963 «sin deterioro estructural»

El suelo objeto del litigio tiene una superficie de 608 metros cuadrados y en él se construyó el edificio en 1963. El inmueble consta de planta baja y cuatro alturas, con ocho viviendas, cinco de ellas, alquiladas, y dos locales comerciales, que en la actualidad están vacíos. Cada vivienda tiene siete habitaciones, cocina, cuarto de baño, aseo, ropero, vestíbulo, pasillo y terraza. Según figura en la hoja de aprecio remitida al Ayuntamiento de Zamora, el estado de conservación del edificio «es bueno» y «no presenta deterioro estructural ni de cerramientos verticales y cubierta». El total de superficie construida supera los 1.768 metros cuadrados.

Dicha finca figura en la unidad de ejución 'Ronda de la Feria' del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Zamora, que el pleno municipal aprobó definitivamente en el año 2000. El suelo está calificado como Libre de Uso Público (LUP), a desarrollar por el sistema de expropiación, al estar afectado por fines preponderantes de interés social.

Dicho plan especial del casco está incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zamora, que fue aprobado en 2011, y contempla que en las edificaciones «disconformes con la ordenación no puede autorizarse ninguna obra, salvo las necesarias para la ejecución del planeamiento urbanístico». Por ello los propietarios solicitan que se ejecute ya la sentencia y que la expropiación «sea justa y suficientemente compensativa, en aras a evitar un empobrecimiento injusto de su patrimonio».