Suspendido un acto de la Junta en la mina soriana de Borobia por el temporal

La Junta de Castilla y León había convocado, ayer martes, a algunos propietarios de tierras y otros integrantes colectivos afectados por el proyecto de la explotación minera a cielo abierto que se pretende abrir en el término soriano de Borobia, con el fin de delimitar la zona donde se proyecta ubicar dicha mina de magnesitas. Entre los convocados también se encontraban representantes de la Plataforma en Defensa del Agua y el Suelo, CGT y UAGA-COAG. Pero el acto tuvo que ser suspendido por el temporal, aunque los vecinos intentaron llegar por todos los medios al punto de encuentro, situado a más de 1.500 metros de altitud.

En medio de un importante temporal de nieve y hielo, los propietarios de tierras afectadas, la mayoría de edad avanzada, trataron de llegar al lugar a pesar de la ventisca y con el terreno nevado y helado. Incluso, según informan desde el Partido Castellano, uno de los vehículos derrapó a causa del hielo y la nieve y se atravesó en un camino con el consiguiente peligro para sus ocupantes.

El representante de la Junta de Castilla y León, Fernando Muñiz, tuvo que suspender el acto ante la imposibilidad de llegar al paraje El Tablado, lugar de la convocatoria, porque los caminos estaban intransitables por la nieve y el hielo, aunque el PCAS había solicitado, a priori, el aplazamiento de la visita.

Protesta

El proyecto minero, presentado años atrás, fue declarado nulo en 2011 al estimar los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León el recurso presentado en 2006 por afectados.En 2012 la empresa minera ha vuelto a solicitar permiso de explotación ante la Junta de Castilla y León. Los afectados subrayan que la mina se situaría en una zona protegida por la directiva comunitaria porque allí se capta agua para el consumo humano, en la cabecera de la cuenca de los ríos Manubles, Isuela, Aranda y Ribota, afluentes del Jalón, en el límite con el Parque Natural del Moncayo. La explotación minera, subrayan, afectaría los recursos hídricos (agua de boca y riego), ambientales, paisajísticos, agropecuarios, históricos y culturales de más de treinta municipios en Castilla y León y a Aragón.Sostienen, además, que al estar afectadas por el proyecto dos comunidades autónomas, «la Junta de Castilla y León no es competente para resolver sobre este asunto y tendría que hacerlo el Gobierno central».