La Junta estudia ampliar las ayudas para el cambio de calderas en la avenida de Galicia

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora estudiará la concesión de las ayudas para el cambio de calderas en las viviendas sociales de la avenida de Galicia de la capital sin que se precinten las chimeneas.

Y es que éste era un requisito para la concesión de un tercio del coste del cambio de la caldera de gasoil a gas como medida para solucionar un problema de altos niveles de monóxido de carbono en las viviendas. Sin embargo, de momento tan solo el portal número 6, el único con las calderas precintadas, ha logrado el acuerdo para el cambio de calderas.

El resto de portales pertenecientes a la comunidad de vecinos de la avenida de Galicia mantendrá reuniones para tomar una decisión y la Junta dará esta misma semana la respuesta a la petición de concesión de las ayudas sin que se precinten las chimeneas.

En este sentido, el delegado de la Junta, Alberto Castro, aseguró que en este caso la Administración regional no es el problema sino la solución y urgió a los vecinos a que planteen todas las dudas que tengan para buscar una solución definitiva.

Además, el delegado recordó que la garantía de la constructora de las viviendas, que se entregaron en el año 1996, era de cinco años, por lo que ya no hay posibilidad de reclamar nada a la constructora.

En el portal 6 damos por zanjado el problema y ahora buscaremos ampliar las ayudas al resto de portales. La Junta no considera que la vía judicial sea una amenaza sino un derecho y para nosotros sería la mejor de las soluciones, manifestó Alberto Castro sobre las declaraciones de algunos vecinos de acudir a la vía judicial.

Respecto a la clausura de las chimeneas, Castro recordó que era una de las condiciones para el pago de un tercio de la nueva instalación por la Administración e insistió en que la Junta da ayudas siempre y cuando clausuren las chimeneas.

Por otra parte, el delegado de la Junta hizo referencia al requerimiento a los vecinos en dos ocasiones de la obligatoriedad de inspección de las instalaciones, un asunto sobre el que han recibido documentación tan solo de 44 de los 120 propietarios de los pisos.

Por este motivo, explicó que se va a investigar si se han hecho las inspecciones y si se tiene conocimiento de que no se ha realizado el mantenimiento obligatorio, se procederá a abrir expediente sancionador, según sus palabras.