El 56% del medio centenar de letrados de la Administración de Justicia en Valladolid secundan la huelga
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La jornada de protesta obliga a suspender 200 juicios y comparecencias programados para hoy en los juzgados«Una sentencia es papel mojado si no se ejecuta, y nosotros nos ocupamos de que se cumpla», resume Silvia Santana, delegada en Castilla y ... León de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), a propósito de las «más de 600» funciones que desempeña el colectivo.
En los juzgados de Valladolid, los integrantes de este cuerpo son apenas medio centenar y han secundado este 26 de enero la jornada de huelga el 56% de ellos. «Hay que tener en cuenta que mucha gente está con covid y otras de permiso o vacaciones, porque el mes de enero es el que tradicionalmente se aprovecha para cogerse estos descansos», explica Adela Tamayo Gómez, portavoz de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), a propósito de la participación, que en Burgos ha sido similiar, mientras que en León ha sido del 75% y en otras provincias el seguimiento ha superado el 96%, como en Ávila, Segovia y Palencia. «Hemos contado con el apoyo de los inspectores de Hacienda y la asociación independiente de jueces, también de los nuestros, porque consideran que nuestras reivindicaciones son justas y proporcionadas», señalan estas letradas durante la concentración de protesta en la puerta de la Audiencia de Valladolid, donde han querido visibilizar su malestar por la falta de intención negociadora del Gobierno sobre una reivindicación que se remonta a 13 años atrás. Desde entonces las funciones que desempeñan han crecido exponencialmente, pasando además por hacer que funcionen las aplicaciones informáticas, que dejan mucho que desear, y el sistema procesal de gestión.
Para Adela Tamayo, que desempeña sus tareas en el juzgado de cláusulas suelo de Valladolid, donde han cerrado el año con 6.000 asuntos, es el Ministerio de Justicia el responsable de la huelga y de que unos 200 juicios, comparecencias y apoderamientos se hayan tenido que suspender como consecuencia de ella en las sedes judiciales de Valladolid. «El Gobierno ha podido parar esto, al igual que hizo en diciembre con los sindicatos de funcionarios, que reclamaban la equiparación al alza del complemento específico». En el caso de los letrados de la Administración de Justicia, consideran que su complemento tiene que ser asimilable al de jueces y fiscales, es decier, al grupo superior jurídico, ya que ellos pertenecen al grupo A dentro de su cuerpo funcionarial. Reclaman al Ministerio de Justicia que cumpla sus compromisos y la disposición adicional 157 de la Ley General del Presupuestos.
Señalan estas letradas que «le salimos gratis al Ministerio» y ponen como ejemplo el caso del registro civil. Una vez «desjudicializado», son los letrados quienes han asumido las funciones que antes hacía el juez, pero sin retribución. Además de dar fe en todos los actos jurídicos y gestionar los asuntos «más delicados» como los embargos y lanzamientos (desahucios), multas, indemnizaciones, sanciones económicas, tramitar las cuantías derivadas de procedimientos penales... «Por nuestras manos pasan miles de millones y de hecho somos los únicos que tenemos un seguro de responsabilidad civil», indican. «Somos los grandes desconocidos de la Administración de Justicia, pero lo cierto es que la responsabilidad de todos los procedimientos, de principio a fin, es nuestra», subraya María Eugenia Cacho Moreno, del Juzgado de Primera Instancia 8 de Valladolid.
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