Una espina en la historia de la autonomía

Cuando el 26 de enero de 1983 el zamorano Demetrio Madrid, primer presidente de Castilla y León y, en aquellos momentos, diputado del Grupo Socialista en el Congreso celebró con la frase «¡Castilla y León cierran España!» la aprobación definitiva de la norma fundamental de esta comunidad, no le faltaba razón: casi cinco años después de la creación del Consejo General, encargado de tramitar todo el proceso, esta región cerraba el mapa de los estatutos en España. Y es que si por el camino fue necesario sortear las desavenencias entre UCD y PSOE, principales artífices de la autonomía, aún seguían candentes las intensas luchas provincialistas que caracterizaron la andadura de nuestro autogobierno: leonesistas que pugnaban por separarse de Castilla y resucitar el viejo reino leonés o caminar en solitario, segovianistas que apostaban por la autonomía uniprovincial, y hasta burgalesistas que preferían otra configuración territorial al modo de «gran Castilla».

La situación era tan preocupante, que Segovia tuvo que ser incluida en Castilla y León por Ley Orgánica, sin olvidar que todavía el Tribunal Constitucional habría de resolver recursos leonesistas y segovianistas. Ante este panorama, la pretensión de establecer una capital era suicida.

Así pudo comprobarse el 30 de junio de 1983, en un maratoniano pleno celebrado en el Alcázar de Segovia para tratar, como segundo punto del día, el precepto estatutario de fijar por Ley las sedes de autogobierno. Candentes las protestas de quienes promovían la segregación de León, Segovia y Burgos, las Cortes resultantes de las elecciones autonómicas del 8 de mayo de 1983, con 42 procuradores del PSOE, 39 de AP, 3 del CDS y 1 del PDL, hacían necesario el acuerdo entre las dos formaciones mayoritarias para cumplir el requisito de los dos tercios exigidos. De ahí que el proyecto de Ley de Sedes presentado por el Gobierno regional, que fijaba en Valladolid la Junta y las Cortes, no pudiera salir del bloqueo: las tres horas y media de discusión se saldaron con la abstención de los procuradores populares.

Ante tamaño panorama, no hubo más remedio que fijar provisionalmente las sedes de autogobierno en el Colegio de la Asunción (Junta) y en el Castillo de Fuensaldaña (Cortes), ambos en Valladolid.Fue necesario, por tanto, esperar hasta el 14 de diciembre de 1987, ya con José María Aznar al frente de la Junta, para que, algo más sosegadas las tensiones interterritoriales, fuera aprobada definitivamente la Ley que fija en la capital del Pisuerga la presidencia de la Junta y de las Cortes regionales. El debate, claro está, no se hizo esperar: si para muchos Valladolid no es más que la capital «oficiosa» de la comunidad autónoma, otros, siguiendo a eximios juristas, recuerdan que toda capitalidad en sentido jurídico solo requiere una condición básica: ser sede de las principales instituciones políticas representativas.