«Nos descontaron hasta las ayudas para los entierros»

Miguel Ángel era un niño de 11 años alegre y trabajador que disfrutaba ayudando a su extensa familia (padres, ocho hermanos, abuelo y sobrinos, todos en casa) en la gestión de la granja familiar ubicada en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). El consumo del aceite adulterado arrasó a su familia.

Empezó con dolores de espalda, el cuerpo inflamado y entradas y salidas continuas en el hospital. De 42 kilos se quedó en 17, postrado en una cama. «Después de muchas pruebas y de no encontrar solución, nos mandaron a casa a mi madre y a mí. A mi padre le dijeron 'mire se van a morir, llévelos a casa y hasta que Dios quiera'». Y Dios se llevó a su madre esa noche, pero el delicado cuerpo de Miguel Ángel logró sobrevivir.

Su sobrino, al que le ponían aceite en el chupete, murió a los 33 años. «Yo lo achaco a las secuelas», insiste Miguel Ángel, que tiene a otros familiares con dependencia.

La suya ha sido una vida marcada por un mal «degenerativo e imprevisible, con más de 100 patologías» y al que se ha enfrentado con aplomo. Se casó, tiene dos hijos adolescentes, y tomó el relevo de su padre como presidente de la Asociación de Afectados de Salamanca.

Denuncia el desamparo al que les han sometido las administraciones a las que recuerda que «las sentencias y todo el Congreso se comprometieron por unanimidad a cuidarnos. Y no ha cumplido ningún Gobierno».

Cuando le pagaron su indemnización se compró un terreno y se hizo su actual casa adaptada para un gran dependiente. «Pero antes nos descontaron las medicinas, las sillas de ruedas, la leche materna, hasta las ayudas para enterrar a los muertos. Hubo gente que tuvo que pedir dinero».

Este aniversario recuerda a la sociedad que «no es consciente de lo que pasó». Y al Estado que «no ha sido solidario para nada después de ser responsable de un delito». El coronavirus ha supuesto para el colectivo «revivir todo y sufrir aún con más miedo ya que, tenemos todas las papeletas por las patologías que tenemos».