La caída en las ayudas vinculadas a la crisis desvía la inversión social a la dependencia en Valladolid
El Ayuntamiento reorienta sus prioridades por el envejecimiento y la recuperación económica
Menos prestaciones para pagar la luz y la calefacción, menos solicitudes de renta garantizada, menos gastos para el cuidado de bebés durante su primer año de vida, menos ayudas de emergencia, también menos usuarios del albergue y del comedor social... y más inversión para afrontar los gastos derivados de la dependencia.
El envejecimiento de la población (ya hay 23.802 vecinos que superan los 80 años en la capital vallisoletana, el 7,9%) y la recuperación económica (la tasa de paro ha bajado en cinco años del 20,49% de febrero de 2015 al 14,24% del dato más reciente) han empujado al Ayuntamiento a reorientar el foco de las políticas sociales para hacer frente a las nuevas necesidades de la población.
Los datos de la última memoria de la concejalía de Servicios Sociales constatan este viraje. Durante 2018, las prestaciones económicas para familias en situación de necesidad cayeron, por primera vez desde el inicio de la crisis, de 2.841 a 2.029 (el 28% menos). El Ayuntamiento desembolsó para esta partida 1.321.315,25 euros, 302.772 menos que el año anterior. El número de ayudas para hacer frente a la pobreza energética pasó de 1.618 a 917. La tramitación de solicitudes de renta garantizada de ciudadanía cayó de 4.685 a 2.913.
También han descendido las personas que acudieron al servicio de apoyo a familias en riesgo de desahucio (de 87 a 71) y se ha atendido a menos personas (de 1.637 a 1.196) en el servicio de orientación y asesoramiento laboral. Los datos del Consejo General del Poder Judicial dicen que en 2014 se iniciaron 882 expedientes de ejecución presupuestaria en los registros de la propiedad. En 2017 fueron 91. Y retrocede ligeramente la partida de programas de formación para el empleo (de 923.261 a 900.298 euros), con 215 beneficiarios (frente a los 237 del año anterior). Los centros de acción social (CEAS) constatan con cifras este descenso en las necesidades más urgentes vinculadas con la crisis y la precariedad económica. Por ejemplo, también en la atención a transeúntes e indomiciliados. De las 652 personas que recurrieron en 2017 al servicio de primera acogida se ha pasado a 596. Y también han bajado las comidas (de 28.821 a 25.046) y cenas (de 19.445 a 17.370) servidas en el comedor social. Y, a cambio, se acentúan los gastos vinculados con una población cada vez más envejecida.
Las valoraciones para el acceso al sistema de dependencia han saltado de las 2.912 de hace dos años a las 3.331 con las que se cerró el año pasado. Han aumentado el número de beneficiarios de ayuda a domicilio (ya son 2.487 en atención personal, con 754 en limpieza y 576 en comida), pero, sobre todo, se ha incrementado el número de horas que requiere cada uno de los beneficiarios. Esto ha hecho que el presupuesto ejecutado en los servicios de atención a personas mayores y dependientes haya crecido, en tan solo un año, de 6.678.872,4 euros en 2017 a los 9.271.887,19 euros que hubo que desembolsar el año pasado. Pendientes de valoración «Estamos desbordados por la demanda», reconoce Rafi Romero, concejala de Servicios Sociales. «Hemos tenido 700 personas en lista de espera para percibir la ayuda a domicilio y no hemos ocultado los datos. Todavía hay gente pendiente de valoración para el acceso a la dependencia, y esta es una situación que se acentuará con el tiempo, que cada vez será mayor, porque el número de personas mayores crece y la esperanza de vida cada vez es superior», añade Romero, que sitúa el envejecimiento como el principal reto en las políticas sociales para los próximos años.
Pero no el único. La segunda gran línea de acción para esta etapa de recuperación económica (las cifras del paro bajan desde la primavera de 2013, cuando se marcó máximo en Valladolid) es la atención a aquellas personas «que no acaban de salir de la crisis». «Existen grupos que se han quedado descolgados, que no han logrado incorporarse al mercado de trabajo y que tienen pocas facilidades de inserción educativa o laboral», indica Romero. Habla de «determinada población de etnia gitana», también de un sector de la comunidad marroquí, «que abandona de forma temprana el sistema educativo» y tiene más dificultades para engancharse al tren de la recuperación. «Tenemos que potenciar una red de trabajo comunitario en los barrios y de prevención. Nuestro objetivo es ir más allá de la política asistencialista, con la contratación de educadores de calle y mediadores que permitan conocer a fondo las necesidades de estas personas y evitar que queden atrapadas en una situación crónica de pobreza». En este sentido, apunta al trabajo directo en zonas como Las Viudas o el 29 de Octubre. «Y esto tiene que asentarse en una idea clara: los servicios sociales son un derecho», concluye.
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